Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Los investigadores del caso Nicolás acusan de espionaje y conspiración a sus jefes

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, de nuevo en los juzgadosEFE
Resulta que finalmente el caso del “ pequeño Nicolás ”, en concreto la pieza separada de la grabación al CNI, supera cualquier guión de un caso de espionaje o de una tragicomedia. Según se mire.
Se trata de la grabación que se filtró en varios medios de comunicación sobre la reunión de octubre de 2014 entre los policías responsables de la investigación y dos agentes del CNI. En la conversación filtrada a la prensa policías y agentes de los servicios secretos dejan en evidencia que el CNI ya investigaba a Nicolás antes que la policía y que el “pequeño Nicolás” podía tener intervenido el teléfono antes de que el juez del caso lo autorizara. Una situación que podría anular todo el caso, a no ser que el CNI tuviera permiso para los pinchazos por parte del juez que lleva sus asuntos siempre y cuando se trate de un caso relacionado con la seguridad nacional. 
A instancias de los investigadores que lidera el comisario Martín Blas, el juez abrió una pieza separada para investigar la presunta filtración ilegal, y ahora más de un año después, estas son sus sorprendentes conclusiones:
Los investigadores que lidera el comisario Martín Blas, enfrentado desde hace tiempo con el comisario Villarejo, creen que la cúpula policial con la excusa de una revisión rutinaria aprovechó para instalar un programa espía en el móvil del propio Martín Blas. Semanas después, mantienen, cuando el comisario se reunió con los agentes del CNI para tratar el tema Nicolás, el periodista Carlos Mier llamó a ese móvil de Martín Blas activando el programa espía y grabando la reunión por control remoto sin el conocimiento del comisario. Y es cierto que la llamada existió, y según informes policiales duró 13 minutos. Y eso que según Martín Blas, no conocía al periodista. ¿Y quién ordenó al periodista que grabara esa reunión confidencial? Según los investigadores fue otro policía, el comisario Villarejo, cuyo entorno posee la web “Información Sensible” donde trabajaba el periodista. ¿Y con qué fin? Para desprestigiar la investigación y conseguir anular el caso contra el “pequeño Nicolás” con el que el comisario Villarejo mantendría cierta amistad y presuntos negocios. Y de paso acusan al máximo jefe operativo de la policía y otros comisarios de conspirar junto a  periodistas en la grabación y difusión de las imágenes.
Hasta aquí el relato de la realidad según los investigadores. Una tragicomedia, según el fiscal que rechaza de plano el informe policial. Para empezar porque considera que por transparencia y ética el comisario Martín Blas líder del caso Nicolás no debería investigar la grabación de la que él mismo es la víctima. El fiscal tampoco entiende como de una investigación de una grabación se pasa a acusar a 14 personas de conspiración. A Martín Blas y sus investigadores les reprocha no haber ido a declarar ante el juez desde que comenzó la investigación, por  lo que considera que ni siquiera hay pruebas de que la reunión que se grabó tuviera lugar el día que dice el comisario Martín Blas. Subraya el fiscal que la policía científica que examinó el móvil no ha encontrado ni rastro de programa espía o similar. Tampoco encuentra el fiscal pruebas o indicios para acusar al comisario Villarejo y los periodistas acusados de la difusión y distribución de la grabación, dado que le ampara el derecho a la información.
El fiscal no ve motivo ninguno para investigar las familias, las empresas y domicilios de presuntos implicados en una simple investigación de una grabación. Sólo admite imputar o calificar de investigado, al periodista Carlos Mier porque ese día llamó por teléfono al comisario Martín Blas para aclarar si hubo o no grabación. Sobre el papel, el rastro de decenas de llamadas entre periodistas y policías, insuficientes para demostrar nada salvo que los periodistas hacen su trabajo. Un rastro similar al que dejaría cualquier periodista que se dedique desde un tiempo prudencial a la información de sucesos y/o tribunales. El fiscal se niega a que se impute o detenga al resto de periodistas y a todos los policías, incluído el máximo jefe operativo policial en España, el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino.
Lo decidirá en breve el juez del caso Nicolás que de momento antes de inclinarse por los investigadores o el fiscal ha preferido esperar a escuchar en su juzgado a algunos de los protagonistas de éste novelesco relato, incluidos sus autores el Comisario Martín Blas y el inspector instructor.