Telecinco

Por primera vez, un personaje público presentó una demanda no sobre algo ya publicado, sino en previsión de lo que los medios pudieran informar sobre ella. La petición de medidas cautelares se dirigía contra varias televisiones nacionales y autonómicas, agencias de noticias, revistas del corazón nacionales y varias empresas editoras. Telma Ortiz se amparaba en el artículo 9 de la Ley de 5 de mayo de 1982 que desarrolla el derecho sobre la protección al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. En la demanda no se hacía ninguna referencia a la hija de la pareja al estar protegida por la Ley del Menor.

Tras la persecución mediática que se vieron sometidos Telma Ortiz y su pareja, Enrique Martín Llop, durante el embarazo de la joven, decidieron denunciar a unos 30 medios por acoso. Entre los demandados están varias cadenas de televisión, periódicos gratuitos, agencias de noticias, revistas y productoras.

Desde que Letizia Ortiz contrajera matrimonio con Felipe de Borbón, hace casi ya cuatro años, Telma se convirtió en un personaje perseguido por cámaras y flashes. Decidió irse a  trabajar a Filipinas donde se quedó embarazada de su actual pareja y volvió a España para que naciera su hija Amanda. La niña vio la luz el pasado mes de marzo en Madrid.

El tener varios paparazzis detrás y el ver su imagen reproducida en publicaciones y distintos medios, no fue algo que la hermana de la princesa llevara bien. Por ello, ha interpuesto una demanda de 300 folios a una treintena de medios para que "se abstengan de captar, publicar, distribuir, difundir, emitir o reproducir imágenes o instantáneas suyas o de su pareja". Excepto cuando se trate de actos oficiales.

Los medios demandados se amparan en que Telma consistió durante mucho tiempo ser fotografiada pero la joven se excusa diciendo que "guardó silencio en la incrédula esperanza de que el paso del tiempo haría que su persona perdiera cualquier atractivo incluso para la curiosidad del ciudadano medio".

Telma no las tiene todas para ganar ya que si la sentencia es desestimada hacia ella, debería pagar las costas del juicio, que podría abarcar hasta los 50 000 euros.