Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Así ampara la Ley a las familias

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia llegaba para aliviar el día a día de las personas discapacitadas, y en especial para sus familiares. Gracias a esta legislación, las personas dependientes pueden optar a servicios sociales como la teleasistencia o la ayuda a domicilio. Pero la principal novedad de la ley es que reconoce el derecho a prestaciones económicas para ser atendido por cuidadores no profesionales, como los familiares del discapacitado.
Hasta ahora, el peso de la atención que recibían los dependientes recaía sobre todo en la familia, y en la mayoría de los casos en las mujeres. Los expertos médicos y sanitarios adviertían del desgaste físico y psicológico de los cuidadores, que se enfrentan a factores como estrés emocional, ansiedad, soledad y falta de apoyo social.
Ocuparse de una persona con alguna discapacidad puede acabar convirtiéndose en factor de riesgo para el cuidador. Un riesgo que se multiplica si la discapacidad que se sufre es intelectual.
Según la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, hasta el 40% de los enfermos mentales podría acogerse a la Ley de Dependencia. Sin embargo, protestan por la falta de una formación y experiencia específica en enfermedades intelectuales por parte de los jurados que evalúan el grado de dependencia del discapacitado.
La Ley diferencia varios grados de dependencia; dependencia moderada, dependencia servera y gran dependencia. El 1 de enero del pasado año entraba en vigor, atendiendo a los casos más graves, unos 200 mil. Sin embargo, los dependientes moderados tendrán que esperar. Está previsto que se vayan incorporando, paulatinamente, hasta el 2015.
Según el Gobierno, en España residen más de 1.125.000 dependientes. Sin embargo, según las últimas encuestas, las personas que requieren de ayuda para realizar sus actividades básicas podrían superar los tres millones, en torno al 9% de la población.