Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

APPA recurrirá las sentencias del Supremo que avalan el recorte del Gobierno a las renovables

En un comunicado, la asociación discrepa con el Supremo al considerar que sus sentencias "no tienen en cuenta la repercusión económica de las mismas ni en qué manera afectan al futuro del sector renovable en particular ni al sistema eléctrico en general".
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) agotará todas las vías judiciales y administrativas en defensa de los intereses de sus asociados al considerar que las sentencias del Tribunal Supremo que avalan el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy a las energías renovables avalan la vía para ello.
Además, APPA, que mantiene que la reglamentación ahora juzgada ha sido discriminatoria con las renovables y le ha supuesto unos recortes sobre sus ingresos previstos de unos 2.000 millones de euros solo en 2015, considera que el Supremo tampoco entra a valorar si la regulación ha afectado de manera equitativa a los diferentes agentes implicados.
Por otra parte, tampoco comparte la valoración del Supremo en cuanto a que la rentabilidad razonable esté garantizada por toda la vida útil de las instalaciones cuando el Gobierno está habilitado para poder cambiarla cada seis años.
APPA recuerda que tres magistrados de los siete han considerado que la reglamentación sobre parámetros retributivos de las renovables es retroactiva e incompatible con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
El presidente de la asociación, José Miguel Villarig, afirmó que tanto esta reglamentación como la precedente "arrojan serias dudas, como demuestra la división del Tribunal Supremo, de que la reforma energética se haya hecho respetando los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, algo más que necesario para recuperar la confianza de inversores y promotores en el sector renovable español".