La Audiencia Nacional ve "visos de perpetración criminal" en el fichaje de Neymar

En dos autos hechos públicos este miércoles, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, órgano superior al magistrado instructor, rechaza los recursos de apelación presentados por la defensa de Neymar y el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, contra la apertura de la investigación, en la que están querellados, junto a su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, y el padre del futbolista, entre otros, por estafa y corrupción entre particulares.

En el auto que resuelve el recurso de Neymar, los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel (ponente de la resolución) destacan que la querella que inició la investigación, presentada por la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, tiene "consistencia delictiva" al haber sido planteada en "el órgano judicial competente" y describir "los elementos de los tipos penales que la parte querellante sostiene que se han podido perpetrar".

Los miembros de la Sala rechazan, como pidió la defensa de Neymar, que los hechos investigados en esta causa sean los mismos que los que se persiguen en el procedimiento que se sigue por delitos fiscales y administración desleal en el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, al que De la Mata se inhibió en mayo pasado.

"A pesar de que básicamente el ejercicio de ambas acciones criminales se apoyan en los mismos documentos suscritos por las partes, sus conductas son diferentes, independientes y no están interrelacionadas", señala el auto antes de añadir que los dos procedimientos tienen "plena autonomía".

CONTRATOS SIMULADOS Y ALTERACIÓN DEL MERCADO

De igual modo, los magistrados avalan los indicios observados por el juez instructor sobre el delito de estafa al haberse constatado "la posible simulación de varios contratos" suscritos por el Barça y el Santos.

Los clubes, en su opinión, pudieron "disfrazar" el pago por la transmisión de los derechos federativos del futbolista "fingiendo" otros "conceptos irreales", en referencia al convenio de colaboración en materia de fútbol base entre las dos partes por el que el equipo culé abonó 7,8 millones de euros y el partido amistoso que se comprometió a jugar, cuya cancelación se valoró en 4,5 millones.

Tras apuntar que esta actuación provocó un "claro perjuicio" para el querellante, que en el momento del traspaso tenía el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador, destacan que la "posible alteración de las reglas del libre mercado de fichaje de futbolistas" que pudo provocar la operación justifica la imputación por un delito de corrupción entre particulares.

De igual modo, los magistrados de la Sección Cuarta de a Sala de lo Penal desestiman que la negativa a DIS a personarse en el procedimiento inicial suponga la imposibilidad de incoar este procedimiento.

El auto sobre el recurso de Bartomeu, que firman los mismos magistrados, destaca además el "acto de presunta corrupción" que se habría cometido al entregar "una importante suma" al padre de Neymar a través de "la firma de un contrato suscrito en Brasil, entre otros, por el ahora recurrente", en referencia al presidente culé.

Según los cálculos del juez De la Mata, el coste del traspaso alcanzó los 83,3 millones de euros, en contra de lo defendido por Rosell, que aseguró que la operación se hizo por 57,1 millones. La Fiscalía, por su parte, aseguró que el fichaje le costó al Barça 94,8 millones de euros.

INVESTIGACIÓN CONTRA BARTOMEU Y ROSELL

Además de contra Bartomeu, Rosell y Neymar, la empresa DIS se querelló contra el Barça y el Santos como personas jurídicas; el padre del jugador, Neymar Da Silva; el presidente del club brasileño, Odilio Rodriguez; y su predecesor en el cargo, Luis Álvaro de Olieira. El juez no tiene previsto llamarles a declarar hasta no contar con toda la información que solicitó en junio.

En el primer procedimiento por el fichaje de Neymar, que se sigue en Barcelona, la Fiscalía pide que Bartomeu sea condenado a dos años y tres meses de cárcel y Rosell a siete años y medio, al tiempo que reclama que los dos mandatarios y el propio club abonen multas e indemnizaciones por responsabilidad civil que superan los 62,6 millones de euros.