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El Congreso debate mañana si crear una tarifa social de gas, butano y luz para consumidores vulnerables

El Pleno del Congreso debatirá este martes la propuesta del PSOE de crear una tarifa social asequible para el gas, el butano, el propano y la electricidad, así como de prohibir a las comercializadoras que corten el suministro sin permiso de la Administración, todo con el objetivo de luchar contra la pobreza energética.
En la iniciativa legislativa, que recoge Europa Press, se define la pobreza energética como aquella situación en que los consumidores destinan más del 10% de su renta familiar anual al suministro energético, incluyendo climatización invernal, iluminación, consumo de los aparatos de conservación y cocinado de alimentos, y calentamiento del agua sanitaria e higiénica.
Además, se consideran consumidores vulnerables aquéllos que no superan unos umbrales de consumo y que son preceptores de pensiones mínimas o no contributivas, familias con todos sus miembros en paro y quienes tengan una renta familiar per cápita inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), derecho a percibir ayudas económicas públicas o sean familia numerosa.
TARIFA SOCIAL.
Para estos consumidores, se propone crear una tarifa social que se aplique a un determinado nivel de potencia o consumo "suficiente para cubrir las necesidades domésticas básicas", al menos en la electricidad, el gas natural, el butano y el propano. El cálculo deberá precisarse reglamentariamente y aprobarse trimestralmente a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Esta tarifa social deberá ser asequible, para lo cual deberá estar vinculada a parámetros objetivos relacionados con la renta y el gasto energético de las familias, sin tener en cuenta la fluctuación de los precios de mercado.
Además, el Gobierno tendrá que fijar "criterios objetivos" para determinar qué empresas están obligadas a ofrecer esta tarifa social, y será también el que cargue con el coste de la diferencia de precios a través de los Presupuestos.
Para poder acogerse a esta opción, la Administración deberá llevar a cabo un "examen individualizado de las circunstancias objetivas de las personas afectadas" teniendo en cuenta, entre otras cosas, el tipo y localización de la vivienda, su eficiencia energética, los suministros que tiene y el número de miembros de la familia.
En la iniciativa también se prevé la creación, por parte del Ejecutivo, de un fichero actualizado de personas en situación de pobreza energética.
CORTE DEL SUMINISTRO.
La otra pata de la proposición de ley se centra en la prohibición de interrumpir el suministro a las personas en situación de pobreza energética. Así, las empresas sólo podrán hacerlo tras seis meses del primer requerimiento de pago no satisfecho y previa autorización de la Administración competente, que será designada por las comunidades autónomas mientras hasta que se apruebe el reglamento.
De este modo, no se autorizará el corte del suministro a quienes tengan acreditada la situación de pobreza energética, estén en trámite de obtener su reconocimiento, dispongan de informes de los servicios sociales que acrediten que la interrupción puede poner en riesgo la salud de las personas o cuando el suministro "sea indispensable para garantizar la salud" de los miembros de la familia.
Los socialistas también reclaman una tregua invernal, de modo que nadie pueda quedarse sin calefacción en los meses de invierno, para lo cual se deberá publicar un "calendario indicativo según la zona climática" donde se ubique la vivienda. En el caso del butano y el propano, piden establecer "la forma adecuada para garantizar su continuidad".
En cualquier caso, el rechazo de la Administración a que se corte el suministro a un consumidor no le eximirá de pagar la deuda que tenga contraída con la empresa. Además, se reclama a la CNMC que, antes de un mes desde la aprobación de la norma, proponga al Ejecutivo un procedimiento administrativo para autorizar el corte del suministro en el que se tengan en cuenta los eventuales informes de los servicios sociales.
Las familias a las que se les haya interrumpido el suministro en los doce meses anteriores a la entrada en vigor de la norma tendrán tres meses para solicitar el alta y seis meses para pagar la deuda que motivó el corte, si bien la comercializadora no podrá exigirles ninguna otra cantidad en concepto de gestión o reconexión.
EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Finalmente, el PSOE incluye en su texto la exigencia al Ejecutivo de que, en un plazo de seis meses y de acuerdo con las comunidades autónomas, apruebe una Estrategia para la Erradicación de la Pobreza Energética respaldada de un fondo anual con cargo a los Presupuestos, que pueda ser completado por comunidades y ayuntamientos.
Esta estrategia deberá incluir medidas de apoyo institucional como créditos preferentes en términos de plazos e intereses para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de viviendas habitadas por familias en situación de pobreza energética, así como para viviendas protegidas o aquellos inmuebles donde muchos de sus propietarios sean considerados consumidores vulnerables.
Además, se deberá fomentar la incorporación de las energías renovables en la rehabilitación de edificios, y se propone que todas las normas de rango legal y reglamentario, además de cada variación de precios, evalúen sistemáticamente el posible impacto en la pobreza energética.
EUROPA LO PERMITE.
La propuesta socialista se enmarca en previsiones aprobadas por la UE para permitir a los estados miembros "abordar la cuestión de la pobreza energética y la protección de los consumidores vulnerables" en tanto en cuanto se avanza en un gran mercado energético europeo, que "se espera traiga un sistema de precios transparente y optimizado" gracias a una mayor competencia.
Y a esa posibilidad de regulación propia se aferran los socialistas para "suplir la falta de iniciativa del Gobierno", que es el que debería enfrentar el problema de la pobreza energética desde un punto de vista "multidisciplinar", ya que se requiere una "revisión integral de la normativa" en temas de urbanismo, vivienda, regulación energética o política social, entre otros.
Por eso, el PSOE cree que las Cortes "sí pueden asumir la prioridad para empezar a resolver una cuestión que no ha tenido hasta el momento un tratamiento acorde con el calado del problema", que causa "situaciones de flagrante injusticia o de exclusión social, y que ponen incluso en riesgo la salud y la integridad de las personas". "Las medidas contra la pobreza energética son abordables de forma inmediata si existe voluntad política", insisten.