Economía/Energía- Facua pide a la Defensora del Pueblo que intervenga ante la "ilegalidad" del nuevo precio de la luz

En concreto, la asociación ha remitido este miércoles una queja a la institución presidida por Soledad Becerril en la que pone de manifiesto que el sistema para la fijación de las tarifas de la luz "vulnera tanto la legislación del sector eléctrico como la de defensa de los consumidores".

Facua ya denunció al Gobierno el pasado 3 de abril ante el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, al considerar que el modelo tarifario también incumple las directivas comunitarias sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas.

En su carta a la Defensora del Pueblo, la asociación sostiene que el "caótico" sistema de tarifas impuesto por el Ejecutivo vulnera tanto la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias, como la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

El real decreto 216/2014 con la nueva metodología de precios plantea que las tarifas se determinarán, en el caso de los contadores digitales, sobre la base del precio horario del mercado diario durante el periodo al que corresponda la facturación. En el caso de los analógicos, el precio se fija sobre la media del mercado en el periodo de facturación.

Facua considera que existe una "clara discriminación entre los consumidores" al aplicarse condiciones diferentes en función de si el contador es digital o analógico.

A esta circunstancia se suma "la falta de transparencia sobre los precios, que no son comunicados a los usuarios antes de su aplicación y resultan difícilmente entendibles para la gran mayoría".

Estos aspectos contravienen, a juicio de Facua, la Ley del Sector Eléctrico, que establece que los usuarios tienen derecho a "ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".

La asociación considera que también se vulnera la legislación de defensa de los consumidores, y en concreto la directiva 93/13/CE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Esta norma advierte de que se considerarán abusivas las cláusulas que tengan por objeto "estipular que el precio de las mercancías se determine en el momento de su entrega".

El nuevo modelo tarifario también vulnera el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, indica la asociación de consumidores.