Energía publica en el BOE la congelación de peajes de electricidad y gas para 2017

Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. Aparte de estos peajes, los consumidores abonarán en su recibo los impuestos y el coste de la energía.

Energía destaca que, con esta decisión, se suman tres ejercicios consecutivos con los peajes de electricidad y gas congelados. Según sus cálculos, el consumidor medio de electricidad ha visto rebajada su factura un 11% en 2016 con respecto a 2015, mientras que el del gas ha experimentado un abaratamiento del 9%.

El mantenimiento de los peajes se produce tras haber recibido Energía los informes sobre la materia elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los que se advierte de que, en el caso del gas, las previsiones de demanda pueden ser demasiado optimistas y provocar un desajuste en el sistema.

En todo caso, el Gobierno destaca que el precio de la energía es un "factor clave para la competitividad y la creación de empleo", por lo que "la congelación de la parte regulada del recibo contribuirá de manera significativa a amortiguar el impacto de las recientes subidas de las materias primas sobre las facturas de los consumidores en general".

El sistema eléctrico, si se cumplen las previsiones de Energía, cerrará de nuevo 2017 sin déficit de tarifa, después de haber registrado un superávit de 110 millones en 2016, que se suma a los cerca de 470 millones en 2015 y a los 55 millones de 2014.

Para 2017, el coste del transporte y la distribución de electricidad se mantendrá en cifras parecidas, mientras que el de las renovables y la generación aumentará de 6.403 a 6.987 millones.

La retribución a las renovables aumentará al haberse acometido la primera revisión trienal de precios de referencia del mercado fijada en la reforma eléctrica. Además de los 6.987 millones, se les reconocen otros 176 millones por importes recibidos de menos en 2015.

Los consumidores eléctricos deberán afrontar además en 2017 una anualidad de 2.838 millones de euros para amortizar la deuda generada por el déficit de tarifa. También se retocan aspectos técnicos de las subastas de interrumpibilidad para mejorar su funcionamiento.

La tarifa eléctrica asumirá de nuevo en 2017 un total de 740 millones de euros correspondientes al 50% de los extracostes de la actividad extrapeninsular, mientras que los otros 740 millones recaerán sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Los PGE, como ya está establecido, aportarán además a la tarifa 450 millones procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2 y lo recaudado con los distintos impuestos eléctricos, por un importe previsto en 2017 de 2.704 millones.

PEAJES DE GAS.

En cuanto a los peajes de gas, Energía asegura que serán suficientes para cubrir los costes del sistema y considera que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015.

La orden ministerial reconoce además un déficit de tarifa del gas acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.

Los costes total del sistema gasista ascenderán a 2.940 millones, apenas 14 millones más que lo previsto, mientras que los ingresos aumentarán gracias a un incremento del 5,1% de la demanda de gas, que pasará de 309 megavatios hora (MWh) a 325 MWh. En total, el sistema facturará 2.947 millones, unos 200 millones más que lo anteriormente previsto.

El Gobierno reconoce una retribución por valor de 590 millones para los activos de transporte y de 1.334 millones para la distribución. La actividad de regasificación recibirá 399 millones.

También se pagarán otros 32 millones para cumplir el laudo arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de París acerca de los costes del gas importado desde Argelia. En total, la tarifa debe asumir 163 millones en cinco años por este concepto.

CASTOR.

La orden ministerial detrae además a Enagás los importes que esta empresa había recibido ente 2011 y 2016 por el proyecto del gasoducto de conexión con el almacenamiento subterráneo de Castor. El importe total de la detracción asciende a apenas 7,1 millones de euros.

Energía adopta esta decisión para aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015 en la que se ratifica lo dispuesto dos años antes, en 2013, por la Audiencia Nacional. En aquel momento, la Audiencia invalidó una decisión del Gobierno de 2009 en la que se eximía al proyecto de informe sobre impacto ambiental.

Al margen de este proyecto de conexión, los bancos que disponen del derecho de cobro por el almacenamiento de Castor recibirán en 2017 un importe de 80,6 millones, en cumplimiento de las anualidades ya establecidas.