Facua califica de "indignante" la defensa de la CNMC de las gasolineras desatendidas

En una nota, la asociación critica los argumentos utilizados por el organismo en su reciente informe sobre gasolineras desatendidas, que reducen a su juicio "los derechos de los usuarios a una traba para la competencia".

"Con el supuesto objetivo de defender la competencia, la CNMC aprovecha para promover la desprotección de los consumidores y la rebaja de los niveles de seguridad y del empleo", afirma.

El regulador, considera la organización, también recurre a "argumentos falaces", entre ellos el de que "disponer de hojas de reclamaciones y de guantes y papel de un solo uso son 'un coste administrativo desproporcionado' para las gasolineras".

Igualmente, señala Facua, la CNMC considera que el derecho del consumidor de comprobar in situ y en el momento la medida del carburante suministrado es un derecho prescindible.

Facua critica además la situación en que quedarán las personas con discapacidad y ve preocupante además que, con los niveles de paro que hay en España, la CNMC no valore el impacto que el cambio de modelo tendría en el empleo en el sector y abogue por una "competencia ficticia construida sobre mayor desempleo y menos derechos de los consumidores".

DEFENSA BASADA EN EL PRECIO.

La defensa de las estaciones desatendidas que realiza la CNMC en su informe "se basa exclusivamente en el precio", afirma, ya que las gasolineras desatendidas tienen menos costes, abaratan precios y fomentan la competencia, "y eso hará bajar en general los precios en beneficio del consumidor".

"Este argumento, ya defendido en otros sectores, es engañoso y no tiene en consideración otros factores de funcionamiento del mercado de los carburantes en España, marcado por el oligopolio en el ámbito mayorista y otras disfunciones graves, entre ellas una regulación incompleta y deficitaria y escasos controles e inspecciones sobre el sector", señala.

La organización también considera que la CNMC olvida que existen problemas de fondo en este mercado que inciden de manera directa en el precio final del carburante y que no se van a resolver restringiendo los derechos de los consumidores y de colectivos vulnerables como las personas discapacitadas.