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IU pide al Gobierno que intervenga para asegurar la continuidad del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia

El diputado por Valencia de Izquierda Unida-Los Verdes en el Congreso, Ricardo Sixto, ha solicitado al Gobierno su "intervención" para asegurar los recursos y, por tanto, la "supervivencia" del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia.
Según ha informado la formación en un comunicado, el diputado ha presentado una batería de preguntas para conocer la implicación del Gobierno central para que este centro "disponga de los recursos presupuestarios necesarios que aseguren la continuidad de sus programas de Biomedicina, Nuevos Fármacos y Medicina Regenerativa", al tiempo que pide que "no se produzcan más despidos y se mantenga la plantilla y el personal becario".
Sixto ha reclamado un "pronunciamiento claro" del Ejecutivo central sobre los recortes presupuestarios y de personal que afectan este centro, que según ha advertido, "corre un serio peligro de supervivencia cuando sólo han pasado seis años desde su inauguración".
"Es una vergüenza que la administración valenciana esté dejándolo apagarse poco a poco y que el Gobierno central esté de brazos cruzados mientras esto pasa", ha reprochado el diputado por Valencia, que ha recordado que el CIPF "ha pasado de tener un presupuesto de una decena de millones de euros en 2006 a 4,5 en 2011 y a poco más de 2 millones en 2012". "Además, se ha despedido a un centenar de trabajadores y se han cerrado 12 de las 26 líneas de investigación", ha agregado.
INTERVENCIÓN "MÁS QUE JUSTIFICADA"
Por ello, Sixto considera que la intervención del Gobierno "está más que justificada" y reclama que se mantenga el convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Carlos III y la Comunitat Valenciana para la investigación básica y transnacional de Medicina Regenerativa, "que no ha podido realizarse por el nivel de endeudamiento de la comunidad" y que ha supuesto dejar de ingresar 1,7 millones de euros.
A su juicio, se trata de "un fraude monumental a las administraciones públicas que han financiado el proyecto del centro de 2002: la Unión Europea a través de los fondos FEDER y el Ministerio de Sanidad a través del Instituto Carlos III".
Así, ha exigido que el Gobierno "adquiera el compromiso de invertir en investigación, desarrollo e innovación y responda así también a los más de 3.000 científicos, entre ellos varios Premios Nobel, que han firmado una Carta Abierta para la Ciencia en España, preocupados por los recortes que están poniendo en peligro la investigación científica en todo el Estado".