IU y UPyD aseguran que Goldman Sachs almacena miles de toneladas de carbón en Gijón para especular

En sendas preguntas dirigidas al Gobierno, que recoge Europa Press, el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, y la diputada de UPyD Irene Lozano afirman que Goldman Sachs está ocupando varios almacenes del muelle norte de la ampliación de El Musel con 156.300 toneladas de carbón importado de Colombia.

"Se sospecha que Goldman Sachs está intentando colocar esta materia prima a las empresas eléctricas españolas, y que el verdadero motivo del acaparamiento es especular con su precio --vendiendo a unos 100 euros la tonelada, que actualmente cuesta 60 euros-- ante la expectativa de que se produzca la anunciada crisis de escasez de carbón en Europa", asegura la diputada de la formación magenta. Un argumento con el que coincide Llamazares, que habla de una operación de venta "especulativa" en el mercado de futuros que generará al banco inversor "grandes beneficios".

Además, Lozano recuerda que la ampliación del puerto gijonés ha costado hasta la fecha 700 millones de euros a las arcas públicas, y que la Autoridad Portuaria "no ha hecho públicas las condiciones de la operación, ni el precio a pagar por almacenar la mercancía ni si existe aplazamiento en el pago del IVA".

Por todo ello, la diputada pregunta al Gobierno si "se está usando la ampliación de El Musel como base para la especulación con el precio del carbón" y si va a aplicar alguna medida para que "las empresas eléctricas que reciben dinero público no compren carbón proveniente de una operación especulativa".

MIENTRAS SE RECORTA EL PLAN DEL CARBÓN

En la misma línea, Llamazares alerta de que Colombia, país de procedencia de la mercancía almacenada, tiene unas condiciones de trabajo que "no respetan los mínimos exigibles de acuerdo a los convenios internacionales" y pregunta al Ejecutivo "qué medidas piensa adoptar para garantizar que el mencionado carbón de importación cumpla con toda las garantías de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a la edad y las condiciones laborales de los trabajadores".

Además, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), critica que el Gobierno permita esta operación mientras "incumple el Plan del Carbón, cuestionando con ello a buena parte de la minería española, lo que ha proporcionado grandes movilizaciones de los trabajadores mineros", y se interesa por conocer la "relación entre la acumulación de carbón importado y los recortes a las explotaciones españolas y la previsible escasez de carbón propio".

En este sentido, aprovecha otra pregunta dirigida al Ejecutivo para saber "a cuánto asciende la cuenta de gastos en dietas, desplazamiento, alojamiento, etc., de las fuerzas de orden público destinadas a las comarcas y regiones mineras, así como a la Marcha Negra a Madrid, desde el inicio del conflicto" con el sector, dado que los recortes "unilaterales" a las ayudas se justifican en que "no hay margen de maniobra" para cumplir el objetivo de déficit.

"La restricción presupuestaria se relaja si se trata de medios humanos y material antidisturbios para reprimir las movilizaciones mineras de protesta", ironiza el diputado, preguntando concretamente cuánto costó el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tanto en concepto de material (pelotas de goma, gases lacrimógenos, etc.) como de personal.

Asimismo, reclama información sobre el balance de detenidos y heridos en las movilizaciones y denuncias, así como sobre las instrucciones que recibieron las fuerzas antidisturbios para hacer frente a las protestas.