Industria dice que ha enviado al Supremo toda la información solicitada sobre las nuevas primas a renovables

En concreto, Industria señala que el pasado mes de marzo remitió "toda la documentación requerida por el Tribunal Supremo en el proceso abierto por la modificación de la retribución a las energías renovables", que consta de 1.700 documentos, 150.000 folios y 20 GB de información.

Con posterioridad, el Tribunal Supremo requirió nueva información que el Ministerio de Industria le facilitó el día 12 de junio de 2015. Toda la informa, señala, "es el resultado de más de un año de trabajo de veinte profesionales del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) con amplia experiencia, especialistas en cada una de las tecnologías y con un amplio expertise técnico adquirido del propio desarrollo y explotación de instalaciones renovables".

Industria también explica que, para la elaboración del diseño del nuevo régimen retributivo de las energías renovables, encomendó al IDAE llevar a cabo los análisis técnicos de detalle sobre los costes de producción de las distintas tecnologías renovables, basándose en su propia experiencia acumulada y su "conocimiento profundo" del sector, así como en fuentes públicas, información de asociaciones, operadores, fabricantes, fuentes oficiales y análisis de expertos independientes.

De manera específica, continúa, el IDAE ha llevado a cabo un estudio en profundidad de los distintos costes de inversión y de operación y mantenimiento de todas las tecnologías de generación renovable, conforme a estándares y analizando distintas hipótesis y escenarios para una empresa eficiente y bien gestionada.

"Como resultado del estudio que ha durado más de 12 meses", indica, "se han obtenido más 1.400 estándares de instalaciones tipo para recoger la amplia casuística del sector renovable, formado por más de 65.000 instalaciones".

Industria sostiene además que los estándares de renovables se han elaborado exclusivamente por los servicios del Ministerio en colaboración con el IDAE, que "contrató a dos consultoras externas para contrastar los datos, como es habitual para este tipo de trabajos", y para "comprobar la metodología y disponer del posible apoyo judicial en caso de que se produjeran conflictos". "Por consiguiente, no se ha encargado a ninguna empresa externa la elaboración de los mismos", añade.