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Industria prepara el marco legal para poder aplicar un bono social a la bombona de butano

El Ministerio de Industria está trabajando en el marco legal que permita aplicar un bono social a la bombona de butano en el marco de una "reforma profunda" del sector de los hidrocarburos, según ha avanzado este jueves la diputada 'popular' Belén Juste en la comisión del ramo en el Congreso.
Durante el debate de una proposición no de ley de UPyD reclamando precios subvenciones en la bombona de butano para determinadas familias vulnerables, Juste ha afirmado que "el Gobierno ya se viene ocupando y preocupando de este tema" desde hace tiempo, y ha señalado que precisamente el ministerio que dirige José Manuel Soria está "preparando el marco legal que permita la existencia del bono social para el butano, como ya existe para la tarifa eléctrica".
"El Gobierno está estudiando la posibilidad de avanzar en la liberalización del sector del gas licuado del petróleo, prevista en la legislación sectorial de hidrocarburos, y salvaguardará los intereses de los sectores más desfavorecidos con un bono social para consumidores con determinadas características de consumo y de poder adquisitivo", ha dicho, sin precisar cuáles serán esos criterios.
NO PUEDE SER UN CAMBIO AISLADO
Por eso, el PP ha rechazado la iniciativa parlamentaria de UPyD, recordando además que "la fijación de estos mecanismos sociales no deben establecerse como un hecho aislado y puntual sino que debe estar enmarcado en esa gran reforma del sector de hidrocarburos que España necesita, y que tiene como objetivo aumentar la competencia entre los distribuidoras de combustibles para favorecer la caída de precios".
"El PP no participa de la política del parche y el remiendo, sino de la revisión profunda. Así que dejen de ejercitar ese oportunismo tan salvaje que les caracteriza", ha dicho al PSOE, preguntando al principal partido de la oposición qué hicieron ellos para solventar este problema cuando estaban en el Gobierno.
Por último, Juste ha recordado que el consumo de butano se ha reducido en los últimos años y ha precisado que, aunque su precio sí se ha incrementado, la decisión del Gobierno de limitar el precio máximo hasta marzo de 2014 ha evitado subidas superiores. "Y una vez constatado el efecto beneficioso de esta medida, el Ministerio ha prorrogado su vigencia hasta marzo de 2015", ha zanjado.
POBREZA ENERGÉTICA
Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha defendido la iniciativa recordando que la crisis económica y la subida de los precios de la energía está empujando a muchas familias a la pobreza energética.
Por eso, ha pedido al Gobierno que "haga frente a un problema muy grave que no se puede ignorar" y que otros países europeos han resuelto con políticas para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un bien básico como la energía.
En particular, la formación magenta plantea una "fórmula abierta" tanto en cuando a la fórmula de aplicación del bono social como a los colectivos vulnerables que se puedan beneficiar, de modo que familias de jubilados, numerosas o con parados que "puedan acreditar que no pueden hacer frente" al coste del butano puedan disfrutar de un precio subvencionado.
HAY SOLUCIÓN "SI NO SE MIRA PARA OTRO LADO"
La socialista Helena Castellano ha explicado que con su enmienda pretenden "ir más allá" de lo planteado en la proposición, instando al Gobierno a estipular un suministro mínimo inembargable de electricidad y gas, así como aprobar un Plan Nacional para erradicar la pobreza energética con medidas que "mejoren la capacidad de pago de las familias y la eficiencia energética de las viviendas".
Chesús Yuste, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha recordado que "millones de personas sufren a diario pobreza energética" en España, una situación que se ha visto agravada por la crisis y las políticas de austeridad del Gobierno. "Es un problema gravísimo, pero tiene solución si no se mira a otro lado", ha añadido, recordando que su grupo ha presentado iniciativas para aplicar el IVA superreducido a los servicios energéticos básicos o establecer un mínimo de consumo que no se pueda cortar.
La diputada de CiU Inmaculada Riera ve "adecuada" la propuesta porque "sitúa la problemática de la pobreza energética en el ámbito de los programas sociales del Gobierno", que no se han tenido en cuenta en las últimas reformas energéticas, centradas únicamente en reducir los costes del sistema. "El bono social es una política social que debe ser financiada por los Presupuestos para evitar que se distorsionen los precios reales", ha defendido.