Tres altos cargos de Viajes Iberia, imputados por estafa

La presunta estafa, que tuvo lugar entre mayo de 2006 y el mismo mes de 2007, ha sido denunciada por responsables de tres franquicias de Viajes Iberia de Mataró, Badia del Vallés y Premià de Mar (Barcelona).

Las citadas agencias han presentado en el juzgado de instrucción número 6 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) una denuncia contra los citados altos cargos de Viajes Iberia, además de contra otras dos personas y empresas vinculadas a estas, así como contra la propia compañía.

Según la querella judicial a la que ha tenido acceso Efe, la presunta estafa comenzaba cuando un testaferro, Carlos C., supuestamente vinculado a Viajes Iberia y en connivencia con los directivos denunciados, contactaba con personas interesadas en abrir una franquicia de Viajes Iberia.

El testaferro, que se hacía pasar por propietario de la mayoría del capital social de Viajes Iberia, se ganaba la confianza de sus víctimas y, una vez abiertas las franquicias, controlaba la contabilidad de las mismas de forma que se convertía en el único beneficiario de las ganancias de las sucursales.

Carlos C. actuaba en "connivencia", según la denuncia, con el director de Sucursales, Iñaki I., el director general, Enrique R., y el director Financiero, Arturo N.

El presunto testaferro, que también actuaba en colaboración con su esposa, Miroslava C., "ocultaba información relativa a la agencia a sus propietarios, especialmente la económica" y "distorsionaba y ocultaba gastos relativos a las oficinas", según se detalla en la querella.

Cuando las oficinas recibían la inspección de la Dirección de Turismo de la Generalitat, se detectaban "errores" contables por varios miles de euros que colocaban a los propietarios de las sucursales en situación deudora, por lo que Viajes Iberia adquiría las franquicias en propiedad, así como los clientes y ganancias de estas, que pasaban a ser de explotación directa.

Viajes Iberia forma parte del grupo Iberostar y los hechos documentados en la querella se remontan a 2007, cuando Iberostar ya había sido vendido el año anterior por la familia Fluxà al fondo de capital riesgo Carlyle por 900 millones de euros; tras la citada operación este gran grupo turístico pasó a denominarse Orizonia.

De prosperar la querella, los denunciados podrían enfrentarse a una indemnización millonaria en favor de los propietarios de las franquicias afectadas, que podría acercarse a los cuatro millones de euros, según fuentes jurídicas cercanas al caso.

Según los querellantes, los directivos imputados de Viajes Iberia "cometieron estafa, con ánimo de lucro, y utilizaron el engaño para producir errores" y "permitir el cierre de las franquicias con el único propósito de obtener un lucro en perjuicio de los querellantes", por lo que éstos directivos se enfrentan a los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa.

Asimismo, los representantes de las sucursales afectadas han exigido a los responsables de Viajes Iberia que exhiban la relación de clientes tramitados en las tres oficinas afectadas.