Ana Torroja se niega a declarar ante el juez por su presunto fraude fiscal

Torroja abandonó las dependencias judiciales en torno a las 11.15 horas acompañada de su abogado, Ildefonso González-Grano de Oro, sin hacer declaraciones a la veintena de medios de comunicación congregados.

Ya en el exterior de los juzgados, la cantante cogió un taxi dejando atrás la nube de periodistas y cámaras que la siguieron hasta la calle para poder fotografiarla.

Se esperaba que la cantante explicara ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, las supuestas relaciones de su empresa Carlitos Way con el despacho Feliu, que según las pesquisas realizadas hasta ahora habría urdido un entramado millonario de fraude fiscal.

Pide la nulidad del caso

Torroja, a través de sus abogados, había pedido la nulidad del caso y que asimismo se declarasen nulos como pruebas los registros llevados a cabo en el bufete Feliu así como los pichazos telefónicos realizados en las investigaciones. No obstante, el juez ha rechazado el recurso de la cantante y por tanto deberá prestar declaración por sus presuntos vínculos con el caso Relámpago.

En concreto, Hacienda ha calculado una cuota presuntamente defraudada por Torroja de unos 475.000 euros en uno de los años y otra deuda de alrededor de 180.000 euros en el segundo ejercicio fiscal. Ahora la artista tendrá que depositar, para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles del caso, más de un millón de euros que le serán exigidos por el juzgado.

Presunto uso de paraisos fiscales

Cabe recordar que la investigación judicial de la Operación Relámpago fue iniciada el 26 de abril de 2007 por los Juzgados de Instrucción número 1, 11, 12 y 7, que instruyeron las diligencias relacionadas con los registros que se llevaron a cabo esa misma jornada en el bufete de abogados de Miquel Feliu en el Passeig Mallorca, en la notaría 'Herrán y Delgado Notarios' y en una sucursal bancaria de la zona, todos ellos ubicados en Palma.

Durante el periodo previo al inicio de la actuación judicial, la Agencia Tributaria investigó durante varios meses la presunta canalización de dinero a través de paraísos fiscales, el blanqueo de capitales, las dobles ventas de solares y otra serie de ventas concretas, ya que el bufete Feliu se hallaba relacionado con 816 sociedades que tenían unos activos declarados por importe de 307 millones de euros. BQM