Asociaciones de periodistas, en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana antes de su entrada en vigor

Las principales quejas de estas asociaciones respecto a la ley se centran principalmente en lo referido a las sanciones por la toma de fotografías o la grabación de agentes y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

En este sentido, la nueva legislación califica como infracción grave --penalizando con multas de un máximo de 30.000 euros-- "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación".

Así, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha reiterado que la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana supone "un serio obstáculo al ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información, pilares fundamentales de todo sistema democrático".

La APM considera que es deber del Gobierno crear las condiciones que permitan y garanticen el ejercicio de derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libre difusión de ideas y el ejercicio del derecho a la información y deplora que el Ejecutivo haya tomado el rumbo contrario", ha señalado en un comunicado.

En esta misma línea se ha mostrado la FAPE, que ya fijó su postura contraria el pasado 25 de mayo con motivo de la celebración de su asamblea general. Para esta asociación, resulta clave la defensa de la "independencia" en el tratamiento informativo, frente a "cualquier intento de los poderes de imponer criterios ajenos al libre desempeño del ejercicio profesional del periodismo".

RSF, TAMBIÉN EN CONTRA

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RsF) entiende que la Ley de Seguridad Ciudadana "refuerza las prerrogativas de las fuerzas de seguridad, limitando los derechos y libertades de los periodistas".

"Pone en manos de la Administración consideraciones hasta la fecha sólo competencia de un juez. El Gobierno se dota así de un arma extremadamente eficaz para crear zonas oscuras en las que las fuerzas de seguridad escapan a todo control ciudadano y periodístico, legitimándolas", ha criticado.