Ayuntamiento de Granada plantea la posibilidad de que la Fundación Lorca pueda saldar sus deudas con el legado del poeta

García Montero ha señalado que tanto la Junta como el Ministerio de Cultura han iniciado el procedimiento para solicitar los fondos que fueron entregados a la citada fundación para la construcción del centro de la plaza de la Romanilla, una situación en la que no está involucrado el Ayuntamiento granadino, que pagó directamente la parte que le correspondió a la empresa constructora.

Aunque esta propuesta no se ha planteado de manera formal en el seno del Consorcio Lorca, García Montero cree que "podría ser una solución definitiva" al problema actual: "usted debe tanto dinero, se deposita aquí el legado y en vez de ser propiedad de la Fundación es de todas las instituciones públicas", ha argumentado el también concejal de Cultura.

Ante el proceso judicial abierto por supuesta falsedad documental y apropiación indebida contra el que fuera secretario de la institución, Juan Tomás Martín, que ha declarado esta semana ante un Juzgado de Madrid, el concejal ha aclarado que a las cuantías que reclaman la Junta y el Gobierno central se suma un préstamo de cuatro millones de euros de 'La Caixa', pero, "el único patrimonio de la Fundación es el legado de García Lorca".

García Montero se ha mostrado satisfecho después de que fuera él, ha relatado, quien trasladó a la Fundación sus dudas sobre la "honorabilidad" de Juan Tomás Martín, que "no ha merecido la confianza" que le fue depositada.

El edil ha sostenido que el traslado del legado, actualmente depositado en la Residencia de Estudiantes de Madrid, es un asunto "complejo" que debe abordarse desde la coordinación institucional, "con la ley en la mano y con responsabilidad".

Para resolver el conflicto hace falta a su juicio "voluntad", subrayando que "alguna vez estuvo a punto de venir el legado" a Granada y la suspensión de este trámite no vino de la mano de Laura García Lorca, sino por el consejo de otro patrono.

Preguntado sobre la justificación de los fondos del Espacio Económico Europeo (EEA Grants) que aportaron Noruega, Islandia y Liechtenstein y que tenían como base o condición que el legado lorquiano fuera depositado en el Centro Lorca, ha garantizado que el problema "ha quedado resuelto".

"Los países donantes se han dado cuenta de que las instituciones no somos responsables de que el legado no esté en Granada y que somos parte perjudicada; se ha pasado una auditoría pública y otra privada de todos los fondos nórdicos y están perfectamente justificados", ha garantizado el edil.

EL CENTRO LORCA

El Centro Lorca, que abrió sus puertas el pasado 29 de julio, está ubicado en la Plaza de la Romanilla, en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento junto a la Catedral de Granada, y cuenta con una superficie total de 4.700 metros cuadrados. Antes de ser inaugurado, estaba previsto que se organizase en torno a la conservación, el cuidado y el estudio de los fondos de la Fundación Federico García Lorca, actualmente depositados en la Residencia de Estudiantes de Madrid, pero el legado continúa en la capital de España.

Para ello, el edificio cuenta con un archivo acorazado, que se encuentra suspendido en el espacio de la biblioteca y custodiará en un futuro los manuscritos originales de la Fundación. Entre los fondos se encuentran casi 5.000 manuscritos del poeta, 3.000 de otros autores, unos 50 dibujos de artistas contemporáneos como Salvador Dalí o Ismael de la Serna, además de archivo fotográfico y hemeroteca.

La inauguración del Centro Lorca, que sufrió numerosos retrasos por cuestiones económicas pero que se fijó finalmente para el pasado 5 de junio, coincidiendo con el nacimiento del poeta, tuvo después que volver a aplazarse hasta finales de julio, después de que el Ministerio de Cultura reclamara a la Fundación Lorca que justificara una serie de subvenciones millonarias concedidas para la construcción.

La situación en la fundación llevó a su presidenta a presentar una querella contra el secretario de la institución, Juan Tomás Martín, por posible falsedad documental y apropiación indebida, tras lo que aprobó su cese.