La Comisión de Cultura del Senado dictaminará mañana la reforma de la LPI, que se enfrenta a seis vetos

La propuesta remitida por la Cámara Baja ya incorpora cinco enmiendas del Grupo Popular, indtroducidas durante el trámite de Ponencia, por las que se han doblado hasta 600.000 euros las multas por infracciones "muy graves" relacionadas con la piratería. El texto remitido por el Congreso contemplaba una sanción de hasta 300.000 euros para infracciones graves.

El paquete del PP era "básicamente" técnico y no se recogen propuestas relativas a una modificación de la denominada 'Tasa Google', una compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, y un aspecto que generó bastantes discrepancias con los grupos de la oposición en el mes de julio.

El PP tampoco ha planteado cambios para la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos del Estado (una partida de cinco millones de euros) y una sonada reivindicación del sector y de los grupos de la oposición, que precisamente este jueves ha sido noticia después de que el Tribunal Supremo haya preguntado a Bruselas si este nuevo sistema de compensación por copia privada, que sustituyó al canon digital, es compatible con las directivas europeas.

PIRATERÍA 'ON LINE'

Los cambios se reservan, de este modo, para castigar la piratería. El Congreso estableció que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de gestionar el cierre de webs por actos de piratería, pudiera intervenir "siempre y cuando hubiera un nivel apreciable de audiencia en España de dicho prestador o volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas".

Ahora, en el Senado, el PP ha querido ir más allá y aumentar las sanciones económicas como "elemento disuasorio". De esta forma, se duplicarían las multas máximas de 300.000 euros hasta los 600.000 para aquellas páginas de enlaces que incumplan los requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores. Además, las multas mínimas también ascienden de los 30.000 euros hasta los 150.001 euros.

TARIFAS GENERALES Y ENTIDADES DE GESTIÓN

Por otro lado, en el trámite del Congreso se puso sobre la mesa una nueva regulación de tarifas a pagar a las entidades de gestión (SGAE, AGEDI Y AIE, por ejemplo). En el Senado, el PP ha limitado el pago debido en el 70 por ciento y, además, se amplía el plazo de los dos años planteados en el Congreso a tres.

Otra de los cambios introducidos por los 'populares' limita a 10 el máximo que se puede reproducir una obra en el ámbito científico y académico, a petición de colectivos como CEDRO y la CRUE.

Asimismo, el Grupo Popular en el Senado incorpora en el proyecto la transpoición de una directiva europea sobre derechos de alquiler y préstamo de libros "para aclarar que es el préstamo de libros" y evitar que "bibliotecas públicas cobren por coger prestado un libro".

Esta directiva señala que "procede excluir de los conceptos de alquiler y préstamos determinadas formas de puesta a disposición de fonogramas o de películas (obras cinematográficas o audiovisuales o imágenes en movimiento, con o sin acompañamiento de sonido) para fines de representación pública o radiodifusión, la puesta a disposición con fines de exhibición o la puesta a disposición para consulta 'in situ', que, con arreglo a la presente directiva, el préstamo no incluye la puesta a disposición entre entidades accesibles al público".

Finalmente, los populares han modificado la disposición final cuarta, para establecer la entrada en vigor de toda la ley en enero de 2015 y no al día siguiente de su publicación en el BOE, como así estaba contemplado en un principio.

Eso sí, sí entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE la labor de las secciones Primera y Segunda de Propiedad Intelectual contra la piratería 'on line', la nueva regulación en el derecho de cita y reseña con fines educativos y científicos, así como lo establecido en el reparto, pago y prescripción de derechos a las entidades de gestión que establece la ley.

Para el debate en Comisión quedan, de este modo, todas las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios, así como los seis vetos (uno del PSOE, dos de la Entesa catalana, Izquierda Unida, ERC, y otro de diputados vascos independientes y de EA) que piden la devolución del texto a la Cámara Baja.