El Congreso debate hoy la Ley de Propiedad Intelectual para enviarla al Senado, con el apoyo seguro del PP

Según confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias, los principales grupos de la oposición no tienen claro por el momento el sentido de su votación, a la espera de conocer las propuestas que los 'populares' les hagan este martes en la comisión para pactar puntos sobre la ley. Se han presentado hasta 169 enmiendas parciales al texto presentado en un principio por el Gobierno.

Eso sí, los únicos que sí lo tienen claro por el momento, según ha confirmado su portavoz en la materia, Ascensión de las Heras, son la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que no va a apoyar el texto. Precisamente, este lunes ha decidido retirar una enmienda relativa a la piratería por motivos que pudieran llevar a la "confusión" y así "evitar conceptos jurídicos indeterminados".

UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Así, la aprobación de esta normativa se llevará a cabo en una sesión extraordinaria de la comisión de cultura del Congreso, dado que julio no es hábil parlamentariamente. El Gobierno solicitó a dicha comisión la celebración de esta sesión a finales de junio.

La ley se aprobará con competencia legislativa plena, es decir, en la propia comisión, de forma que se enviará el texto directamente a la comisión de cultura del Senado, para ver la luz de forma definitiva en septiembre u octubre.

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al ministerio que dirige José Ignacio Wert, esta reforma parcial se 'jugará' en dos tiempos, por lo que no sólo habrá cambios en la ley que ha presentado el Gobierno en el Congreso, sino que también los habrá en el Senado, donde también podrían modificarse bastantes aspectos.

UNA REFORMA PARCIAL

Aún así, el Gobierno realizará una reforma de "más amplio calado" previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre la materia, según adelantó en sede parlamentaria el responsable ministerial del ramo, José Ignacio Wert.

Esta reforma parcial conlleva la puesta en marcha de la llamada 'tasa Google', una compensación a los editores por el uso de sus contenidos en agregadores de noticias, que genera discrepancias entre el sector editorial.

Mientas la Asociación Española de Editores de Diarios (AEDE) defiende la existencia de esta compensación, la Coalición por Internet, que preside el director de '20 Minutos', Arsenio Escolar, considera que su imposición generará périddas millonarios a los internautas españoles.

En cuanto a los grupos parlamentarios, PSOE y CiU proponen que esta tasa se extienda a periodistas y fotógrafos, mientras que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD piden su supresión, según se desprende de las 162 enmiendas parciales que los grupos han presentado en el Congreso al proyecto de ley del Gobierno, y a las que ha tenido acceso Europa Press.

"Semejante pago podría terminar repercutiendo en plataformas de participación comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame, donde se difunden y comparten titulares de prensa con el enlace correspondiente y supondría una alteración de la cultura P2P, que es fundamental en la sociedad del conocimiento", alertaron desde la Izquierda Plural, por ejemplo.

INICIO DEL TRÁMITE PARLAMENTARIO

La normativa fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero, y su debate de totalidad tuvo lugar en el Congreso en abril. En aquel momento, PP, UPN y Foro de Asturias tumbaron las seis peticiones de la oposición (PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC, BNG y Amaiur) por retirar y devolver al Gobierno la ley. CiU y el PNV se abstuvieron en la votación.

En aquel debate Wert explicó a su vez que con esta ley se va a "mejorar" la protección de los derechos de la propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital, se va a dar una nueva regulación del concepto de copia privada.

Además, el ministro resaltó que se refuerzan los instrumentos para luchar contra la piratería, ya que la norma establece que vulneran la ley no sólo quienes alojan contenidos ilícitos sino todos aquellos que de forma sistemática, con propósito comercial y a sabiendas, facilitan el acceso ordenado, clasificado e indexado de contenidos ilegales para su utilización por terceros.

Las sanciones por incumplir la ley irán de los 30.000 a los 300.000 euros. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas.

Otro de los puntos más criticados durante la tramitación parlamentaria de la normativa ha sido la ausencia de comparecencias en el Congreso de expertos en la materia, al mismo tiempo que los grupos parlamentarios han criticado que esta normativa no ha sido elaborada con el consenso del sector.