Editores y periodistas denuncian que prohibir grabar a detenidos ataca el derecho a la información

Se trata del artículo 520.1 introducido durante el trámite en el Congreso y cuyo análisis está ahora en manos del Senado, que dice, sobre los detenidos, que "se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse (la detención) así como en los traslados ulteriores".

Para los firmantes, entre los que se incluyen las principales organizaciones sindicales así como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Editores de Diarios españoles (AEDE) y los Colegios Profesionales de Periodistas de Andalucía, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Murcia y País Vasco, los grupos parlamentarios deben tener en cuenta la "previsible inconstitucionalidad" de este precepto.

En concreto, denuncian que "se pone en peligro el derecho constitucional a la información, no solo aplicable a los profesionales y medios de comunicación que la elaboran y transmiten, sino también a los ciudadanos" y recuerdan que el Constitucional "viene argumentando en sus sentencias que en asuntos de interés público y con veracidad informativa, ha de prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen".

Además, consideran que "inquieta" que este artículo "conlleve de hecho la aplicación de nuevas trabas al ejercicio profesional del derecho a la información, protegido por el artículo 20 de la Constitución Española, así como el alejamiento de periodistas y fotorreporteros de edificios de juzgados y comisarías o de sanciones a los medios de comunicación que publicaran esas imágenes".

En este sentido, dicen que el párrafo "produce un gran desconcierto y provoca una total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial", al igual que ocurre con la Ley de Seguridad Ciudadana, conforme recuerdan, que no precisa "algunos aspectos, considerados faltas graves" como el uso de imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad.

"Los profesionales de la información observamos medidas de autorregulación, a través de nuestras normas y códigos, con el fin de que no se produzcan lesiones de derechos fundamentales", explica el texto, en el que inciden en que la legislación española, en cualquier caso, ya dispone de mecanismos para sancionar estas vulneraciones de derechos cuando se producen.

Por todo ello, piden a los grupos del Senado que eliminen esta previsión salida del Congreso para evitar que los ciudadanos acaben recibiendo "una información sesgada e incompleta".

El documento ha quedado rubricado por Elsa González, presidenta de la FAPE); Aurelio Martín, vicepresidente primero de la FAPE y secretario general del Colegio de Periodistas De Castilla Y León; Jesús Picatoste, secretario general de la FAPE; Irene Lanzaco, adjunta al director general de AEDE; Víctor Lerena, presidente de turno del FOP y presidente de ANIGP-TV; Mariano Rivero, secretario general estatal de la Federación de Periodistas de UGT; Agustín Yanel, secretario general del FeSP; Maite Sánchez, de la Agrupación de Periodistas de CCOO; y Eduardo Méndez, de ANIGP-TV.