El Parlamento insta al Gobierno a mejorar el control interno de las subvenciones del ICAA

Ésta ha sido una de las iniciativas, a propuesta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aprobadas por unanimidad por la citada comisión mixta. Las propuestas, a las que ha tenido acceso Europa Press, están en relación con el informe de fiscalización del ICAA para el ejercicio 2011.

En esta misma línea, también se ha instado a revisar "con especial incidencia" las deficiencias e incumplimientos puestos de manifiesto en la gestión de las subvenciones concedidas por el organismo cinematográfico y detectadas por el Tribunal de Cuentas.

Asimismo, las propuestas del Grupo Popular respecto a elaborar manuales de procedimiento de para las distintas áreas de gestión o restringir la figura del colaborador social y otros trabajadores temporales como forma de contratación también han salido adelante. En general, los grupos políticos defienden asumir también las recomendaciones del informe.

El Tribunal de Cuentas detectó "deficiencias" e "incumplimientos" en la gestión de varias subvenciones al cine durante el año 2011, etapa de Ángeles González Sinde al frente del ministerio de Cultura, según se desprendía del informe de fiscalización del ICAA.

El ICAA es un organismo autónomo, adscrito al citado ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Cultura. Entre sus fines se encuentra desarrollar la creación, incrementar la producción y favorecer la distribución de producciones españolas; la proyección y promoción exterior de la cinematografía y de las artes audiovisuales españolas; o la recuperación, restauración, conservación e investigación y difusión del patrimonio cinematográfico, entre otras.

Así, el ICAA convocó en aquel año 16 líneas de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, cuya finalidad consistía en el fomento, producción, distribución, conservación y promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual, así como el acceso al crédito y el empleo de nuevas tecnologías.

Su importe ascendía a los 71,43 millones de euros y sus bases reguladoras presentaron "carencias" como "la omisión o la insuficiente definición" del objeto de subvencionable, o la existencia de inconsistencias entre el contenido de las bases reguladoras y el de las convocatorias.

Asimismo, el órgano fiscalizador alertó de que en los procedimientos de selección y valoración analizados se constató la "incorrecta aplicación" de los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria.