El Parlamento insta a RTVE a aplicar el principio de devengo en sus cuentas

El Parlamento ha instado a RTVE a aplicar el principio de devengo en sus cuentas, lo que conllevaría reflejar tanto gastos e ingresos en el momento en que se conozcan y no esperar a pagarlos o cobrarlos para que sean incluidos en el balance.

Esta es una de las resoluciones aprobadas este martes por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, después de conocer el informe de fiscalización de este tribunal sobre la Corporación RTVE y sus sociedades correspondiente a los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero del año 2010 y el 31 de diciembre del año 2012.

La resolución ha sido propuesta por el Grupo Socialista y ha contado con el respaldo de 36 votos a favor, incluidos los del Grupo Popular, a quien el diputado socialista Juan Luis Gordo ha criticado por aceptar "ahora" una petición que anteriormente rechazó y que "resulta clave para cumplir con la ley de financiación de RTVE y garantizar la estabilidad de las cuentas".

RTVE no aplica todavía este principio. Por ejemplo, en una comparecencia reciente en el Congreso, el presidente de la corporación, Leopoldo González-Echenique, explicó que los gastos de RTVE en programación para el año 2014 incluían los 30 millones "comprometidos años atrás" por los gastos de los derechos de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014.

El diputado popular Eloy Suárez ha asegurado "comprender" al PSOE en sus peticiones, ya que "intentan arreglar los problemas" de RTVE cuando están en la oposición. "Han tenido ocho años para aplicar el principio de devengo, pero al final se lo piden al PP", ha ironizado.

Por otro lado, también se han aprobado varias propuestas de resolución, entre ellas, las que proponen a RTVE modificar la gestión en la contratación de recursos ajenos para sus programas, al tiempo que contempla la necesidad de una gestión "centralizada", desde Recursos Humanos, de las contrataciones en corresponsalías en el extranjero.

En concreto, esta propuesta del Grupo Popular propone establecer "procedimientos directos y verificables" para acreditar que la utilización de recursos ajenos para la producción de programas "únicamente se efectúe en aquellos casos en los que no se dispongan de recursos propios".

De esta manera, se asume una de las recomendaciones incluidas en el informe del Tribunal de Cuentas, que achacaba a RTVE falta de control durante el periodo señalado sobre las productoras externas que contrataba.

"DEBILITAMIENTO" DEL CONTROL INTERNO

El Tribunal de Cuentas afirmaba que, pese a que todos los contratos de producción incorporaban una cláusula que permitía que CRTVE auditara, por sí mismo o a través de terceros, el desarrollo del programa contratado, "este procedimiento de control no se ha utilizado en ningún caso, lo que ha supuesto un debilitamiento del control interno".

En total, en 2011 la producción de programas costó a RTVE 205,9 millones de euros, un 4,97 por ciento menos que el ejercicio anterior. De esta cifra, 124,5 millones de euros corresponde a gastos externos (6,37% menos que en 2010). La mayor partida de gastos externos fueron para compras de programas, 90,4 millones de euros (un 15,04% más) y a productoras, 16,5 millones de euros (un 53,2% menos que en 2010).

Sumando a este gasto en producción de programas el coste de la producción ajena, 89,51 millones de euros (6,6% menos); derechos de antena, 33 millones de euros (16,1% menos); producción deportiva, 187,9 millones de euros (7,72% más) y la producción informativa, 185,2 millones de euros (5% menos), la facturación de programación de la pública en 2011 se elevó hasta 701,56 millones de euros.

GASTOS EN LAS CORRESPONSALÍAS

Además, el Parlamento ha pedido unificar la normativa interna que regula la gestión de las corresponsalías en el extranjero. En este sentido, estima "conveniente" que la dirección de Recursos Humanos se encargue de gestionar "de forma centralizada" las contrataciones de personal laboral en todas las corresponsalías en el extranjero.

Durante la presentación del informe en el Congreso, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, alertó de "ciertas deficiencias" en la justificación de gastos de corresponsalías de RTVE, llevando a este órgano a aportar a la jurisdicción penal los elementos necesarios para abrir procedimientos.

Según Álvarez de Miranda, estos gastos eran de carácter personal de menor cuantía y "difícil justificación", relativos a comisiones de servicios sin la preceptiva autorización, alojamiento en hoteles de superior categoría a la del régimen normal previsto, gastos sin factura justificados mediante recibís o gratificaciones abonadas sin su adecuada autorización.

ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO

Por otro lado, se pedirá la modificación de la Ley de Financiación de RTVE de 2009 para incentivar la obtención de los ingresos comerciales, en aquellas actividades en las que RTVE podría haber obtenido mayores ingresos. Esta propuesta, también contemplada por el Tribunal de Cuentas, está en relación con los límites de la legislación vigente, es decir, que no procedan de la publicidad ni de la televenta en cualquiera de sus fórmulas.

Además, el Parlamento ha pedido a RTVE realizar "las gestiones oportunas" a efectos de inscribir correctamente los inmuebles de su propiedad que, a fecha de 31 de diciembre de 2012, "o no estaban inscritos o estaban inscritos a nombre de un tercero", así como a acometer una actualización completa de sus inventarios. En esta misma línea, ha instado a la aprobación del contrato-programa previsto en la ley del año 2006 y a revisar las retribuciones de sus directivos externos.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Antes del debate de las propuestas, Gordo también ha pedido la palabra para alertar de la decisión del Tribunal de Cuentas de fiscalizar de oficio la contratación de personal entre los años 2006 a 2013. "Nos resulta difícil de entenderlo, porque los resultados se verán como mínimo con 10 o 12 años de retraso y sólo genera descrédito", ha apuntado.

En este sentido, Súarez ha aseverado que "lo que preocupa" a los socialistas es que se fiscalice el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la corporación del año 2006. "Cuando sepamos la verdad, va a ser un auténtico escándalo", ha señalado.