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La Administración estará obligada a fraccionar los contratos en lotes en la nueva Ley de Contratos

Las empresas con menos de cinco años no tendrán que acreditar experiencia para acceder a adjudicaciones
La Administración Pública estará obligada a fraccionar los contratos en diferentes lotes en la nueva Ley de Contratos del Sector Público que debate el Congreso y por la que se transponen las directivas europeas referidas a la contratación pública.
Este es uno de los acuerdos que ha sido incorporado al proyecto de ley por acuerdo de los grupos durante su debate en Ponencia, previa a su llegada a la Comisión, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Esto permitirá una mayor competencia en las adjudicaciones públicas, pues más empresas podrán disputar estas concesiones. Además, abre la puerta a empresas con menores posibilidades económicas y a las que la magnitud de los contratos en muchas ocasiones hacía imposible poder presentar ofertas.
En el proyecto de ley que el Gobierno llevó a las Cortes se establecía la posibilidad de fraccionar en lotes los contratos. Concretamente, el texto legislativo reflejaba que "cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes".
Sin embargo, la presión de los grupos de la oposición ha hecho que ahora sea obligatorio tal fraccionamiento, y en caso de que no se lleve a cabo, la Administración Pública correspondiente deberá justificarlo en los pliegos de la contratación.
MEJORA EL ACCESO A EMPRESAS DE CREACIÓN RECIENTE
La tramitación parlamentaria de esta extensa norma --el proyecto consta de 340 artículos y 40 disposiciones adicionales-- también ha recogido acuerdos para mejorar el acceso a empresas de reciente creación y que, por lo tanto, tenían más dificultades para acceder a una adjudicación.
De esta forma, los grupos han acordado que las empresas de reciente creación --aquellas que no cuenten con cinco años de vida-- no deban acreditar experiencia previa para poder concurrir en los concursos de adjudicación, pues hasta ahora era exigida por las administraciones.
Asimismo, también se han acordado medidas para flexibilizar las exigencias de solvencia a las empresas que acuden a la contratación pública, medida dirigida especialmente a las pymes, con el fin de facilitar su acceso a este mercado.