(Amp.) El Congreso aprueba el nuevo sistema de liquidación de cuotas empresariales de la Seguridad Social

La norma supone sustituir el actual modelo de autoliquidación por uno de facturación de la Seguridad Social, lo que permitirá un control integrado de la recaudación basado en el cálculo previo de la Administración de las cuotas de cada trabajador, además de aportar mayor información a empresas y trabajadores, incluyendo bonificaciones, exenciones o minoraciones de tipo.

Con estos cambios, las empresas se ahorrarán 63,4 millones de euros al año por las menores cargas administrativas y la correcta aplicación de bonificaciones o reducciones, mientras que la Seguridad Social dispondrá de hasta 171,22 millones de euros adicionales al acabar con las cotizaciones inferiores a lo debido y la aplicación indebida (en exceso y en defecto) de las deducciones.

La previsión del Ministerio de Empleo es que el nuevo sistema comience a introducirse paulatinamente a partir de este trimestre, empezando por el Régimen General, y que luego se vaya ampliando a otros regímenes de la Seguridad Social. Su coste de mantenimiento será de unos 5,78 millones de euros anuales.

MEJORA TECNOLÓGICA

El socialista Manuel de la Rocha ve "con buenos ojos" este proyecto de ley, que parte de una iniciativa "del Gobierno anterior" y propone una "mejora tecnológica y simplificación de la gestión" de la Seguridad Social, positiva para el sistema. También ha valorado la decisión de implantar los cambios "progresivamente", porque "el gran reto son las pymes", que necesitarán de un "esfuerzo" de formación y de tecnología para adaptarse.

Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela ha expresado sus "serias dudas técnicas" sobre las posibilidades de implantar estos cambios en las pymes y micropymes españolas, aunque ha optado por "dar un voto de confianza" a los funcionarios de la Seguridad Social, que creen que esto puede funcionar. "Para cambiar siempre se estará a tiempo", ha dicho.

El responsable económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, aplaude las "ventajas importantes" que aporta el nuevo modelo de autoliquidación en cuanto a la modernización del sistema y la reducción de cargas administrativas y costes, con la consecuente mejora del control y la recaudación que puede conllevar, pero reclama que se acompañe de campañas de información, un "buen servicio de asistencia", un sistema "ágil" de corrección de errores y la formación necesaria para los funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social, entre otras ideas.

CAJA ÚNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, critica que la norma no incluya ninguna mención a la ley troncal sobre confidencialidad de datos, aspecto fundamental en la gestión de la información de la Seguridad Social. Y también ha reprochado la "perversión" que se ha hecho del concepto de caja única, en contra de lo previsto en los estatutos de autonomía, con la única intención de evitar que las comunidades gestionen los recursos de la Seguridad Social.

Carles Campuzano, de CiU, aplaude los "necesarios" objetivos de simplificar el sistema, reducir costes y conseguir una mayor efectividad del sistema. Pero también coincide con su homólogo vasco en que el concepto de caja única, "que no figura en la Constitución", se utiliza "habitualmente para evitar abrir la discusión sobre la gestión de la Seguridad Social por las comunidades autónomas", una posibilidad que la Generalitat de Catalunya tendría en virtud del Estatut de 2006.

El 'popular' Gerardo Camps ha subrayado que esta ley supone "un cambio de gran envergadura que variará sustancialmente la relación entre Seguridad Social, empresas y ciudadanos" que beneficiará a todas las partes. No obstante, ha aprovechado para recordar a CiU y PNV que la referencia a la caja única, que no se introduce con esta norma, es "junto con el principio de solidaridad financiera", una de las bases de la Ley General de la Seguridad Social y resulta "coherente, oportuno y necesario para ejecutar sus funciones".

ACCESO AL PADRÓN

Con las enmiendas introducidas, se obliga al Instituto Nacional de Estadística (INE) a facilitar información del Padrón municipal a las entidades gestoras de la Seguridad Social que lo soliciten, en aras a mejorar el control público sobre las prestaciones sociales, sin necesidad de un consentimiento previo del interesado, si bien esta comunicación sólo podrá realizarse "en el marco de las funciones de gestión de prestaciones" y sin perjuicio de la reserva de datos regulada en la Ley General de la Seguridad Social.

También se posibilita que la tramitación electrónica de prestaciones no se limite al desempleo, sino que se aplique a cualquiera salvo las pensiones no contributivas, aunque deberán ser el director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o del Instituto Social de la Marina los que establezcan el procedimiento oportuno.

Asimismo, se adapta la ley al nuevo Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, que prevé la implantación del tablón edictal "único y gratuito" a través del BOE, que todas las administraciones deberán usar para notificar actos administrativos cuando el sujeto sea desconocido, se ignore el lugar o el medio para realizar la notificación, o cuando ésta no se hubiera podido practicar.

No obstante, el Tablón de la Seguridad Social seguirá siendo utilizado para los anuncios, acuerdos, resoluciones y comunicaciones emitidos por dicha administración y por cualquier otra información de interés general. Y, dado que el tablón edictal único a través del BOE no tendrá efectos hasta el 1 de junio de 2015, se retrasa también hasta esa fecha el cambio de operativa de la Seguridad Social.

Por último, se adapta la normativa a las últimas modificaciones del Reglamento General de Recaudación, que eliminan la comunicación previa de la reclamación de una deuda a los responsables subsidiarios, de modo que ahora se dicta un acuerdo de iniciación del expediente que se notifica al interesado, al que se da un trámite de audiencia.

A propuesta de IU-ICV-CHA, se cambia la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para incluir entre las infracciones no poner a disposición de los trabajadores el documento donde conste la cotización efectuada por cada uno en los términos legales y reglamentarios establecidos, y se garantiza que el nuevo sistema de liquidación no limitará el derecho de trabajadores y representantes sindicales a la información sobre las cotizaciones mensuales.

AL SENADO

Dado que la Comisión de Empleo tiene competencia legislativa plena en este caso, el proyecto de ley será remitido directamente al Senado para continuar con su tramitación. Allí, es probable que se incluya una disposición para mandatar al Gobierno a que estudie las normas de desarrollo reglamentario necesarias sobre la responsabilidad empresarial en caso de transmisión de información incorrecta sobre las cotizaciones de sus trabajadores.

Y es que los socialistas temen que si un empresario no comunica a la Seguridad Social la reducción de las bases de cotización de un trabajador, se puedan derivar sanciones para el trabajador en caso de que acabe cobrando más prestaciones de las que le corresponderían.

En este sentido, la 'popular' María Teresa Martín ha reconocido que será necesario un estudio "pausado y detallado" sobre cómo afrontar los incumplimientos en materia de afiliación (altas, bajas o modificaciones), donde se tendrían que encajar las peticiones del PSOE.