(Amp) El Gobierno cifra en 627 millones la mejora del poder adquisitivo de las pensiones, el doble que en 2015

El Gobierno cifra en 627,95 millones de euros el aumento del poder adquisitivo de las pensiones entre enero y septiembre de este año, lo que supone más del doble que la ganancia de 286,7 millones de poder adquisitivo registradas por los pensionistas en todo el año 2015.

Así lo señala el Ejecutivo en una respuesta por escrito a una pregunta de Aina Vidal, de En Comú Podem, que interpelaba al Gobierno para conocer su valoración sobre el hecho de que casi un 40% de las pensiones de jubilación tengan un importe inferior al Salario Mínimo Inteprofesional (SMI).

En su respuesta por escrito, recogida por Europa Press, el Gobierno subraya que el sistema de la Seguridad Social garantiza unas cuantías mínimas de pensión cuando la cuantía de la pensión reconocida no llega a la cifra fijada anualmente en la correspondiente Ley de PGE.

Según el Ejecutivo, en la "mayoría de los casos" estas pensiones mínimas permiten que los pensionistas perciban cuantías superiores al SMI.

MENOS PENSIONES INFERIORES AL SMI.

No obstante, explica que la existencia de pensionistas con pensiones inferiores al SMI se debe a múltiples factores que no se han tenido en cuenta a la hora de valorar los datos estadísticos publicados por la Seguridad Social, como la percepción por el pensionista de rentas superiores de diferente naturaleza que rebasan los límites establecidos en la Ley de PGE, entre otros.

De hecho, el Ejecutivo destaca que del ejercicio 2005 al 2015 se produjo una reducción de nueve puntos porcentuales del peso específico de las pensiones inferiores al SMI, lo que a su juicio evidencia que "las decisiones legislativas adoptadas en materia de pensiones, además de contribuir a garantizar la sostenibilidad del Sistema, han permitido mantener una evolución positiva de las pensiones de jubilación".

La diputada de En Comú Podem denuncia en su pregunta que las pensiones perdieron entre 2011 y 2015 un 3,5% de poder adquisitivo, si bien el Gobierno recuerda que la no revalorización de las pensiones en 2011 fue consecuencia de la aplicación del decreto por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público por el "grave deterioro" sufrido por las finanzas públicas debido a la crisis.

En todo caso, el Gobierno aclara que las pensiones mínimas, las no contributivas y las del SOVI no concurrente se revalorizaron un 2,9%, en línea con el incremento registrado por el IPC entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011, por lo que "en 2011 no existió una reforma del sistema de pensiones", y la pérdida de poder adquisitivo se debió a la aplicación de una "medida excepcional".

La reforma del sistema de pensiones entró en vigor en 2013 y desde entonces la ganancia de poder adquisitivo fue del 1,2% (1.368,65 millones) en 2014, y de 286,7 millones en 2015.

SÓLO HASTA SEPTIEMBRE.

En 2016, la revalorización de las pensiones también ha sido del 0,25%, como en los años anteriores, pero como el IPC registró una caída del 0,5% hasta septiembre, el poder adquisitivo de las pensiones contributivas se ha incrementado en 627,95 millones.

Por otra parte, el Ejecutivo también ha respondido a otra pregunta de la misma diputada de En Comú Podem, en la que le pide al Gobierno que aclare si contempla desligar las pensiones de viudedad del resto de pensiones y muestra su rechazo a la posibilidad de hacer depender estas pensiones de la capacidad de las comunidades autónomas por el "riesgo" que supondría para su garantía.

El Gobierno señala en su respuesta, recogida por Europa Press, que cualquier posible modificación que se pudiera barajar en la naturaleza de las prestaciones de la Seguridad Social, incluida la pensión de viudedad, deberá ser "objeto de debate y estudio en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo".

En este sentido, recuerda que en dicha comisión existe "consenso político" en abordar una reforma integral de las prestaciones de muerte y supervivencia, en especial viudedad y orfandad, al ser una de las recomendaciones del Pacto de Toledo que se ha plasmado en diferentes textos normativos.

Cita en concreto los Presupuestos Generales del Estado para 2006, en los que una disposición emplazaba al Gobierno a presentar ante el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que, "dentro de un contexto de reformulación global de la pensión de viudedad, recupere su objetivo de prestación sustitutiva de las rentas perdidas como consecuencia del fallecimiento del causante".

Asimismo, la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 40/2007 insistía en la cuestión para que, "siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, elabore un estudio que aborde la reforma integral de la pensión de viudedad"; así como la Ley de 2011 de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, que en su disposición adicional primera se pronuncia sobre la necesidad de acometer una reforma estructural de esta prestación.

REORDENACIÓN DE RECURSOS, NO REDUCCIÓN.

En cualquier caso, el Gobierno aclara que la reconfiguración de las prestaciones de muerte y supervivencia "no ha de entenderse necesariamente como una reducción de los recursos públicos que se destinan a cubrirlas, sino en una reordenación y redistribución de los mismos, haciendo realmente efectivo el principio de solidaridad que debe presidir cualquier sistema público de Seguridad Social".

"No obstante, el nuevo informe de recomendaciones del Pacto de Toledo debe establecer si mantiene las líneas generales antes descritas o las modifica en otro sentido diferente. El Gobierno atenderá en todo caso la nueva recomendación que se haga", añade.

En su pregunta, la diputada de En Comú Podem se refiere a las informaciones que apuntaban a que el gobierno estaría estudiando fórmulas para solucionar la crisis de las pensiones, planteándose que las pensiones de viudedad dejen de ser prestaciones contributivas para pasar a ser ayudas asistenciales, dependientes de las comunidades autónomas.

En este sentido, En Comú recuerda que actualmente existen 2,36 millones de pensiones de viudedad, la mayoría percibidas por mujeres, y advierte de que desligarlas de la Seguridad Social y hacerlas depender de las comunidades autónomas conllevaría riesgos.