(Amp.) UGT y CC.OO. aventuran que la negociación del factor de sostenibilidad será "compleja y difícil"

Así lo han expresado el secretario de Protección Social de CC.OO., Carlos Bravo, y la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, tras reunirse durante algo más de hora y media con la ministra y con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que les han presentado un primer esbozo de su propuesta de reforma.

Ésta pasará por crear un nuevo índice de revalorización de las pensiones a partir de 2014 para tener en cuenta los ingresos y gastos del sistema y de la economía además de la inflación, fijando un techo y un suelo de subidas y bajadas; y por un factor de sostenibilidad a aplicar a partir de 2019 para vincular el cálculo de la cuantía de la pensión con la esperanza de vida.

En rueda de prensa, Bravo ha señalado que la negociación será "compleja y difícil" porque el Gobierno está planteando una reforma que "no se limita a hacer una propuesta sobre el factor de sostenibilidad previsto en la Ley 27/2011", sino que también plantea modificar el método de revalorización anual a partir del próximo enero.

NO SE GARANTIZA EL PODER ADQUISITIVO

De hecho, a su entender la propuesta tal y como la ha explicado Báñez "garantiza que no pueda haber un descenso" en las cuantías que cobran los jubilados pero "no garantiza que haya una revalorización equivalente al IPC" como sí hace la actual normativa, garantizando de esta forma que se mantenga el poder adquisitivo.

"Estaremos a la espera de que se concrete la propuesta para analizarla y ver las posibilidades de modificar lo puesto por el Gobierno sobre la mesa y de incorporar otros elementos que resuelvan los problemas coyunturales del sistema con la búsqueda de ingresos adicionales, y los estructurales que plantee la evolución demográfica. Pero nuestro temor es que se utilice el sistema de pensiones para abordar compromisos a corto plazo en materia de control de déficit con ajustes presupuestarios", ha reconocido el sindicalista.

Más allá de las diferencias de partida en los contenidos de la reforma, Bravo también admite que los plazos que se ha marcado el Ejecutivo -que quiere aprobar el proyecto de ley antes de final de año-- no facilitarán las negociaciones, aunque él "no descarta la posibilidad de que exista un acuerdo". "No es fácil en un plazo relativamente corto, eso es una dificultad añadida", ha insistido. Unas prisas que, además, no comprende, ya que la ley 27/2011, que firmaron los agentes sociales, introducía ya a su entender las medidas necesarias para afrontar esos cambios demográficos.

"QUEREMOS DATOS REALES"

Por su parte, Carmen López ha reclamado "papeles" con "datos reales" para poder valorar en sus justos términos la propuesta del Ministerio, aunque ya "a vuelapluma" intuyen que se producirá una pérdida de poder adquisitivo si se aplica el método de revalorización de Báñez que, además de la inflación, tiene en cuenta los ingresos y gastos, y el déficit o superávit del sistema, junto con un techo y un suelo.

"La Ley General de Sanidad, que dice que la revalorización hay que hacerla con el IPC, ya garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. Si queremos cambiar las reglas del juego, bien, pero no se puede decir que se va a hacer una ley para garantizar que ningún pensionista pierda poder adquisitivo, porque eso ya existe", ha insistido.

También ella considera que esta reforma es innecesaria porque la Ley 27/2011 "ya incluye todas las reformas paramétricas" necesarias por la evolución demográfica y el aumento de la esperanza de vida, y además recuerda que si se quiere garantizar que los jóvenes de hoy tengan pensiones en el futuro lo que se debe hacer es darles un trabajo, porque "sin cotizaciones no cobrarán nunca la pensión".

"Ni una reforma ni dos ni cinco más van a arreglar el tema del déficit de la Seguridad Social, que es un problema de ingresos, de mercado laboral, de la reforma laboral. Si toda la población activa del país estuviera trabajando el superávit desbordaría, así que antes de atajar estos temas hay que hacer otras cosas", ha añadido, concluyendo no obstante que afrontan la negociación con la mejor voluntad e instando al Gobierno a no "imponer una reforma de pensiones" porque sería la primera vez que un cambio en esta materia no se acordara en el ámbito del diálogo social y del Pacto de Toledo.

Por su parte, Teresa Díez, de Cepyme, se ha limitado a subrayar el "compromiso" de la patronal con el diálogo social y a destacar el valor de alcanzar consensos en una materia tan determinante como las pensiones. Por eso, se ha comprometido a trabajar por llegar a acuerdos, aunque ha eludido valorar la propuesta del Gobierno hasta que no tenga los detalles concretos.