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(Ampl.) S&P considera que una petición de rescate completo de España no afectaría a su rating soberano

Cree que los términos "potencialmente ventajosos" de un rescate completo aumentarían las posibilidades de éxito del plan de reformas Afirma que las reformas laborales aplicadas no han sido suficientes para hacer frente a los problemas del mercado de trabajo español
Cree que los términos "potencialmente ventajosos" de un rescate completo aumentarían las posibilidades de éxito del plan de reformas
Afirma que las reformas laborales aplicadas no han sido suficientes para hacer frente a los problemas del mercado de trabajo español
Standard & Poor's ha afirmado que el rating soberano del Reino de España (BBB+/Negativa/A-2) probablemente no se vería afectado directamente en el caso de que el Gobierno solicitara un rescate completo de su economía a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En un informe, la agencia de calificación señala que el Gobierno no ha decidido aún solicitar un rescate total, tras la ayuda de 100.000 millones de euros pedida para el sistema financiero, "a pesar de las crecientes expectativas de que esto pueda ocurrir en septiembre, cuando las condiciones que posiblemente vendrán asociadas al programa de ayuda estén más definidas".
Así, subraya que si España decidiera pedir un rescate completo ello significaría "un reconocimiento público de que el Gobierno está encontrando dificultades para financiarse por sí mismo a niveles sostenibles en los mercados de capitales".
No obstante, considera que los términos "potencialmente ventajosos" bajo los que puede recibir el rescate completo "podrían aumentar las posibilidades de éxito de la ya ambiciosa y políticamente desafiante agenda de reformas económicas".
A pesar de ello, S&P cree que la resistencia a la agenda de reformas económicas emprendida por el Ejecutivo "continuará creciendo a nivel regional y nacional, mientras los ingresos disponibles sigan cayendo a corto plazo y las condiciones del mercado de trabajo continúen siendo débiles".
La perspectiva 'negativa' del rating de España otorgada por S&P refleja los riesgos a la baja que la agencia sigue viendo. Así, los factores que continúa analizando son los avances en el reequilibrio de la economía, el impulso de la competitividad y la generación de empleo o el cumplimiento de los objetivos fiscales por parte de las comunidades autónomas.
APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA UE DE JUNIO.
Además, y otorgándole la misma importancia, la agencia analiza también la efectividad de los mecanismos multilaterales de financiación europeos, para lo que considera que la implementación de los acuerdos adoptados en la Cumbre de la UE del pasado mes de junio para ampliar la flexibilidad del MEDE, incluyendo las medidas para la compra de bonos y los préstamos directos a las instituciones financieras, podrían contribuir "a estabilizar los flujos transfonterizos".
Asimismo, ve positivo el anunció del Banco Central Europeo (BCE) de que estaba estudiando la posibilidad de reanudar el programa de compra de bonos que le permitiría comprar bonos soberanos en los mercados secundarios y la revisión del estatus del organismo como acreedor preferente, así como el compromiso a largo plazo adoptado por el Consejo Europeo para establecer una unión bancaria regulada por una única entidad europea, lo que podría "fortalecer la confianza en el sector financiero español, que ha experimentado recientemente retiradas de depósitos corporativos".
Para S&P, la implementación de estas propuestas podría ayudar a los ratings de España y daría tiempo a las autoridades españolas a poner en marcha reformas económicas y fiscales adicionales que conducirían a restablecer la confianza de los inversores.
Sin embargo, advierte de que sigue habiendo incertidumbres sobre la implementación de las medidas de estabilización a nivel regional, nacional y europeo, como, por ejemplo, la decisión pendiente aún por parte del Tribunal Constitucional de Alemania, prevista para el próximo 12 de septiembre, sobre la constitucionalidad del MEDE o los posibles retrasos para establecer las condiciones previas que permitirán al fondo usar los mecanismos de intervención que los dirigentes políticos aprobaron en la cumbre europea de junio.
"FRÁGIL" CONSENSO POLÍTICO
Así, considera que el consenso político entre los dirigentes "sigue siendo frágil", lo cual podría seguir obstaculizando la buena ejecución de un programa de apoyo "coherente y sólido".
En España, S&P también apunta como riesgos a las crecientes tensiones políticas entre Gobierno central y las diferentes regiones españolas "sobre los tiempos y la forma" de cumplir con sus respectivos objetivos presupuestarios.
Además, cree que el incremento del desempleo en España, que afecta a una cuarta parte de la fuerza de trabajo del país y está por encima de las cifras de los llamados 'países periféricos' que han recibido ayudas públicas, sugiere que "las reformas laborales aplicadas hasta el momento, aunque sustanciales, no han sido suficientes para hacer frente de forma integral a los problemas estructurales del mercado de trabajo español".
Por ello, considera que el desempleo, más concentrado en algunas regiones que en otras, podría "dificultar el mandato del Gobierno para seguir con reformas a largo plazo".
Respecto a una posible salida de la UE de un miembro como Grecia, S&P advierte que podría "incrementar las dudas" entre los inversores sobre la posibilidad de una futura salida de otro miembro de los considerados 'periféricos', lo que reintroduciría implícitamente riesgos monetarios en las transacciones financieras transfronterizas.
Así, señala que una salida de Grecia o de otro país podría acelerar la salida de capitales fuera de España o de otros soberanos periféricos, lo que podría conllevar el riesgo de poner en peligro permanentemente la capacidad del sector público y privado español para acceder a la financiación a tasas sostenibles y podría afectar negativamente a la capacidad crediticia de ambos sectores.