La Audiencia Nacional anula una multa de Competencia a Correos de 4,80 millones de euros

La Audiencia Nacional ha anulado una multa de 4,80 millones de euros que la entonces Comisión Nacional de Competencia impuso en agosto de 2011 a Correos por supuestamente prestar servicios postales a grandes clientes a precios que no cubrían los costes reales de dichos servicios.

La sala de lo contencioso-administrativo concluye ahora que "la conducta atribuida a la entidad postal pública fue incorrectamente tipificada", dado que la eventual infracción se habría cometido en 2005, antes por lo tanto de la entrada en vigor en 2007 de la Ley de Defensa de la Competencia que tipifica este tipo de infracciones.

En este punto, el juez recuerda lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando dice que "sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley".

"En el caso que nos ocupa, la conducta sancionada no se ajusta a la descrita en el tipo infractor, pues no se ha incumplido durante la vigente de la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, sino antes de dicha norma hubiera entrado en vigor", dice el auto.

Así, en su fallo, contra el que cabe recurso de casación, la Audiencia estima el recurso presentado por Correos contra la sanción de 2011 y anula la multa de 4,80 millones de euros.

En concreto, Competencia impuso esta multa a Correos en 2011 al asegurar haber detectado que el operador incumplía al acuerdo de terminación convencional que ambos habían alcanzado en 2005.

En virtud de este pacto, Correos asumía el compromiso de asegurar que los precios que cobrara en los servicios a grandes clientes cubrían todos sus costes reales una vez aplicados descuentos.

SEGUNDA ANULACION EN UN AÑO.

Se trata de la segunda multa de Competencia a Correos que la Audiencia Nacional anula en menos de un año. En julio de 2015 le eximió de la sanción de 8,17 millones de euros que le había impuesto enero de 2014 por un supuesto abuso de posición de dominio en el mercado.

Dicha multa partió de una denuncia presentada en 2011 por Unipost, mientras que en este caso, el origen de la sanción que ahora se anula tuvo lugar en una denuncia de la patronal de operadores postales privados Asempre.