Biocombustibles, una alternativa para campesinos colombianos pobres

Pese a la polémica generada en torno a estos cultivos, Leopoldo Blanco, de 52 años y oriundo del humilde corregimiento de Soplador, es uno de los 6.000 beneficiarios de las alianzas estratégicas entre grandes empresarios y cultivadores de palma en Colombia, el segundo productor latinoamericano de biocombustibles por detrás de Brasil.

Este campesino, que nunca ha ido a la escuela, es propietario de 28 hectáreas de tierra donde cultiva desde hace cinco años palmas, cuyo fruto vende a la empresa CI El Roble, una de las seis plantas extractoras de aceite que operan en la región norte de Colombia.

Su cosecha le reporta unos dos millones de pesos mensuales (más de 800 dólares) para mantener a su esposa y cuatro hijos, con quienes conforma una microempresa que además da empleo a otros dos campesinos de la zona.

Blanco asegura que es mejor "sembrar lo que siembra el rico" porque la yuca, el maíz o el ají son buenos para el consumo familiar pero no rentables.

"Uno siembra yuca cuando está a quinientos pesos la libra y cuando la va a cosechar se la quieren pagar a cien pesos, con la palma no pasa esto", matizó.

Tras 40 años en la palmicultura la empresa CI El Roble, propiedad de una familia tradicional de Santa Marta, cuenta con una extractora de aceite para unas nueve mil hectáreas, lo que ha generado 1.800 empleos indirectos.

Esta empresa lidera siete alianzas estratégicas que agrupan a 309 familias de campesinos, propietarias de 4.263 hectáreas de tierra a un promedio de 13,6 hectáreas cada una.

"Todos son propietarios de su tierra, en ningún momento hay hipotecas", aseguró el director de alianzas de CI El Roble, Jairo Saavedra.

La empresa compra la fruta de la palma a los campesinos durante veinticinco años y les cancela cada dos semanas la tonelada a un valor que se tasa de acuerdo al precio internacional vigente del aceite.

"Ellos vienen hasta mi finca y me recogen la fruta y quincenalmente me consignan mi dinero", asegura Blanco, un afrodescendiente que sostiene que con la palma, además de asegurar sus ingresos por 25 años, ha aumentado su nivel social.

La región de Santa Marta fue en la década de 1990 una de las zonas más afectadas por el conflicto entre guerrilleros y paramilitares, éstos últimos a la sombra de políticos, terratenientes y militares corruptos que trataban de recuperar el control de la región perdido en cincuenta años de guerra civil.

El comandante de la Segunda Brigada del Ejército, coronel Arbey García, aseguró a Efe que la zona goza de "tranquilidad", aunque reconoció que aún queda un grupo paramilitar, denominado "Los Paisas".

Si bien la palma de aceite ha permitido que muchos campesinos encuentren un sustento de vida a largo plazo, algunas organizaciones no gubernamentales denuncian que este cultivo es nocivo para el medioambiente, porque extiende la frontera agrícola hacia zonas protegidas.

Además han llamado la atención porque supuestamente está generando desplazamientos masivos de comunidades por la acción de las grandes empresas.

El responsable de Planificación y Desarrollo de la Federación Nacional de Productores de Palma (Fedepalma), Andrés Castro, lo negó al insistir en que "hay alineamientos de tipo gremial para que no se desarrollen proyectos que no tengan en cuenta a la comunidad".

Y en cuanto a los desplazamientos dijo que "grandes empresarios buscan adquirir tierras a los campesinos; esto puede ser lo que se está denunciando, pero no es un desplazamiento violento o forzado, sino un desplazamiento de tipo económico en razón de nuevos proyectos productivos".

Según Fedepalma, de las 350.000 hectáreas de tierra sembradas en Colombia, 60.000 están en manos de pequeños productores que las usufructúan a través de alianzas.

La Federación cree que en Colombia hay un potencial de 3,5 millones de hectáreas para palma, lo que significa que se está cultivando sólo en el 10 por ciento del área apta.