El juez emplaza a Blesa mañana para comunicarle la fecha de declaración por los sobresueldos en Caja Madrid

La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, ha emplazado para mañana martes a las defensas del expresidente de Caja de Madrid Miguel Blesa y del exdirector financiero de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, con el fin de entregarles en mano la citación con la fecha en la que deberán comparecer sus clientes, en calidad de investigados, en relación con la causa por sobresueldos irregulares que según el FROB causaron un perjuicio económico de 14,8 millones de euros.

Se trata de un nuevo procedimiento relacionado con las irregularidades en Caja Madrid que permanecía guardado en un cajón desde enero de 2015 debido a que el Juzgado en el que recayó ha sufrido varios cambios de titular.

El retraso en la tramitación de este asunto ha merecido escritos de queja por parte del fiscal Anticorrupción Conrado Sáiz, quien el pasado mes de septiembre se dirigió al juzgado interesando que se diera un impulso de una vez a este asunto y se citara a declarar de una vez como imputados a ambos directivos.

Las citaciones que se realizaron hace algunas semanas no dieron resultados, por lo que la juez ha optado por emplazar directamente a los investigados. Acudirán únicamente sus abogados, han informado a Europa Press fuentes de la defensa.

En su escrito, el fiscal solicitaba, además de la declaración de Blesa y Sánchez Barcoj como investigados -figura que sustituye a la anterior de imputados-, la citación del autor del informe que permitió la confección por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) del expediente en el que se basa la querella, para que lo ratifique.

La querella de Anticorrupción derivaba del expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de Caja Madrid que le había sido remitido un mes antes por el FROB, y que refleja un perjuicio económico estimado para la entidad de 14,8 millones de euros.

Anticorrupción considera que este asunto debe investigarse de forma autónoma a la causa que el juez Fernando Andreu lleva en la Audiencia Nacional sobre el "caso Bankia". Considera que las posibles irregularidades apuntadas por el FROB no tienen nada que ver con las que ya analiza el Juzgado Central de Instrucción número 4 y además se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010, bajo la presidencia de Miguel Blesa.

JUEZA INACTIVA.

El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción número 45, cuya titular hasta el pasado mes de septiembre, Raquel Fernandino, no lo tocó en absoluto, ni siquiera para inhibirse en favor de la Audiencia Nacional que ya investiga a Blesa por la salida a bolsa de Bankia y el uso por los que fueran directivos de Caja de Madrid de las denominadas 'tarjetas black'.

Fernandino accedió a un puesto en una audiencia provincial fuera de Madrid y el asunto continuó inactivo mientras el juzgado quedó temporalmente en manos de la juez a la juez Mónica Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 53 que se ocupaba también del 45 en tanto se designaba un nuevo titular, que es María Luisa Prieto.

CUATRO CONDUCTAS IRREGULARES.

El expediente de Caja Madrid remitido a la Fiscalía, en el que se basa su querella, analizaba cuatro tipos de actuaciones concretas, en las cuales se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de "percepciones excesivas". En algunos casos, no existió además constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno.

En concreto, el FROB subrayaba en su informe que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección de Caja Madrid una subida salarial "significativamente mayor" que la debida, que algunos casos llegó a superar el 26%. Para este incremento se tomaba supuestamente como referencia una masa salarial mayor que la realmente existente en ese momento.

En cuanto a la retribución fija de esos directivos en tanto han estado vinculados a la entidad, indica que ha supuesto una posible percepción "indebida" para esas personas de algo más de 2 millones en conjunto y subraya que estos incrementos sirvieron de base para el cálculo de indemnización posteriores.

Por su parte, el salario variable de la alta dirección de Caja Madrid arroja un posible ajuste por "exceso de percepciones" de 1,8 millones ante el exceso de incremento salarial del punto previo, la ausencia de documentación que soportara la fijación de objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos en el período comprendido entre 2008 y 2010.

Los informes también han detectado prácticas supuestamente irregulares en las aportaciones de los planes de pensiones. El FROB sospecha que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria para los miembros de la alta dirección.

Esta gratificación se elevaba al bruto con el fin de que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores. Esta práctica ha podido suponer un perjuicio patrimonial de 1,84 millones de euros.

Finalmente, el fondo de reestructuración detectó posibles irregularidades en la extinción de varios contratos de altos directivos, así como en los pagos que se realizaron en conceptos como pacto de no recurrencias, bonus o indemnizaciones, especialmente entre 2009 y 2010. Estas prácticas podrían suponer un perjuicio económico para Caja Madrid de 9,1 millones de euros.

MANOS LIMPIAS.

A la querella del la Fiscalía se suma la que presentó un mes después, el 13 de febrero, Manos Limpias contra Blesa y otros diez directivos por los delitos de apropiación indebida continuada, según el artículo 252 del Código Penal, y en su defecto delito de administración desleal del patrimonio continuado contra los miembros del Comité de Dirección.

Su personación en la causa aún está pendiente de aprobarse, pues el sindicato ha recurrido la fianza que se le impuso para poder ejercer la acusación popular en este asunto.

Manos Limpias acusa a Blesa y los exdirectivos Matías Amat, Juan Astorqui, Carmen Contreras, Ramón Ferraz, Carlos María Martínez, Ricardo Morado, Mariano Pérez, Ildefonso Sánchez Barcoj, Rafael Spottorno y Enrique de la Torre por los cobros presuntamente irregulares.