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Blesa asume que será embargado al no poder afrontar la fianza de 16 millones

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, asumirá el embargo de su patrimonio al no poder hacer frente a la fianza de 16 millones de euros en concepto de responsabilidad civil que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu le ha impuesto en la pieza en la que investiga el uso de 'tarjetas B' opacas al fisco por parte de consejeros y directivos de Bankia y Caja Madrid , según informaron fuentes jurídicas. Tanto Blesa como Rato disponen de un plazo de cinco días para recurrir la fianza de responsabilidad civil impuesta por el juez quien ya ha dado orden de que se investige los patrimonio de ambos ex presidentes de Bankia y Caja Madrid por si no abonansen las fianzas exigidas.

El expresidente de la caja madrileña no tiene capacidad económica suficiente para afrontar el abono de la millonaria cantidad. Blesa sí que pudo atender en el plazo de 24 horas una fianza de 2,5 millones de euros que le impuso el juez Elpidio José Silva para eludir su ingreso en prisión en mayo de 2013.
Además, el banquero tiene previsto recurrir en cinco días la fianza acordada por el juez Andreu, aunque la presentación de este escrito no paraliza el plazo del que dispone para hacer efectiva la caución, que vence el próximo miércoles.
Andreu dio un plazo de cinco días para el depósito de las respectivas fianzas a Blesa y al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, a quien exigió tres millones de euros. En caso de que no las paguen, el magistrado llevará a cabo una averiguación patrimonial y requerirá al Registro de Bienes Muebles, al Registro Mercantil, al Registro de la Propiedad, a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria un listado sobre sus bienes.
El procedimiento habitual a seguir por los juzgados en caso de embargo es proceder a una averiguación patrimonial, solicitando a los organismos citados la localización de sus bienes con el objeto de elaborar un listado que incluya conceptos como salarios, pisos, vehículos o acciones. Tras ello, se librará un oficio para proceder a su embargo comenzando por aquellos con mayor liquidez, como cuentas y acciones.
En el caso de los pisos, se pedirá una nota simple al Registro para comprobar si tiene cargas y un perito tasará la vivienda. Si los afectados aportan sus propios peritajes, estos se contrastarán con los ordenados por el juez.
Esta materia aparece regulada en el artículo 42 de la Ley Hipotecaria o los artículos 141 y 142 del Reglamento Hipotecario relativos a las anotaciones preventivas de derechos en los registros y los embargos de bienes inmuebles.
Las fianzas, que han sido impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, incluyen tanto la responsabilidad civil que Blesa y Rato tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las 'tarjetas B' como la multa del 25 por ciento que establece la ley.
Según fuentes jurídicas, los consejeros de Caja Madrid gastaron con sus tarjetas opacas durante el mandato de Miguel Blesa (de 1996 a enero 2010) un total de 12,5 millones, mientras que durante la presidencia de Rato en la caja madrileña (entre enero de 2010 y diciembre de 2011) cargaron un total de 2,6 millones de euros.
Denuncia del FROB
El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un informe y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario de administración desleal y apropiación indebida.
El juez Fernando Andreu, que asumió estos hechos al instruir el 'caso Bankia', preguntó al Banco de España si conocía la existencia de estas tarjetas y le pidió que, en el marco del informe pericial que está realizando sobre las prácticas en la entidad, analice si su uso puede constituir un delito de administración desleal.