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Bruselas exige a Bélgica recuperar 700 millones de euros en ayudas ilegales a 35 multinacionales

La Comisión Europea ha reclamado este lunes a las autoridades belgas que recuperen cerca de 700 millones de euros en ayudas públicas ilegales concedidos a 35 multinacionales durante los últimos diez años, a través de un sistema que permitió a estas empresas establecidas en Bélgica deducirse de la base del impuesto de sociedades los denominados 'beneficios excesivos'.
Bruselas inició la investigación en febrero de 2015, momento en que Bélgica dejó de aplicar el sistema de decisiones tributarias anticipadas que afecta a los 'beneficios excesivos', aquellos que supuestamente resultan de las ventajas que supone formar parte de un grupo multinacional.
Este tipo de deducciones fiscales supera generalmente el 50% y a veces alcanza el 90% de los beneficios afectados por la decisión anticipada, y ha permitido a las multinacionales señaladas, en su mayoría con base en la Unión Europea, pagar una cantidad de impuestos "netamente inferior" en Bélgica, según las conclusiones de la Comisión.
La decisión de este miércoles afecta a 35 multinacionales, aunque se investigaron cerca de 60 sociedades cuyo nombre no ha sido revelado por el Ejecutivo comunitario. La prensa belga reveló hace año, cuando se abrió el expediente, que entre las empresas investigadas figuraban la cervecera AB InBev y British American Tobacco.
Bruselas concluye que este sistema "se desvió de la práctica ordinaria prevista" por las normas belgas que se refieren al impuesto de sociedades y al principio de plena competencia, "lo que es ilegal de acuerdo a las normas europeas en materia de ayudas de estado", explica Bruselas.
"Bélgica concedió a ciertas multinacionales ventajas fiscales sustanciales, lo que viola las reglas de la UE. Esta práctica falsea la competencia basada en los méritos y no trata a los pequeños competidores de la misma manera que a las multinacionales", ha denunciado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
El expediente contra Bélgica forma parte de la campaña que lanzó el Ejecutivo comunitario para acabar con las prácticas de ingeniería fiscal a las que recurren las multinacionales para minimizar el pago de impuestos en Europa.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)