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Bruselas avisa de que expedientará a España si su ley sobre desahucios no se ajusta a las normas de la UE

La Comisión Europea está acabando de evaluar si la legislación sobre desahucios de España se ajusta a las normas de la UE que prohíben las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y abrirá un expediente si detecta incumplimientos, según ha dicho la comisaria de Justicia, Martine Reicherts, en respuesta a una interpelación de la eurodiputada de la Izquierda Plural, Lidia Senra.
En su interpelación, Senra pedía a la Comisión que verificara si España está actuando, en los procedimientos de ejecución hipotecaria, conforme a la legislación de la UE y a las distintas sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) que han declarado ilegales algunas disposiciones de la normativa española.
La comisaria de Justicia confirma que las anteriores normas españolas sobre desahucios "eran, tal y como estaban formuladas en ese momento, incompatibles con el derecho de la UE". En respuesta a los fallos del TJUE, apunta Reicherts, España "modificó la disposición que impedía que los deudores interpusieran recurso de apelación contra la resolución que desestimara su oposición a la ejecución, si esta se basaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva en el contrato de préstamo". Lo hizo mediante un Real Decreto de medidas urgentes en materia concursal el pasado 5 de septiembre.
"Aunque ese es un primer paso positivo", según admite la responsable de Justicia, la Comisión "está ahora acabando de evaluar si España cumple plenamente lo dispuesto" en la directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular "tal y como ha sido interpretada por el TJUE".
"Como guardiana de los Tratados, iniciará, si procede, los procedimientos de infracción previstos en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", concluye Reicherts. Responde así a la pregunta de la eurodiputada de la Izquierda Plural sobre qué hará la Comisión para garantizar que el Gobierno español cumpla las sentencias y "garantice el derecho de las personas a una vivienda".