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Bruselas amplía el expediente contra el régimen del impuesto de sociedades en Gibraltar

Investiga si los 165 acuerdos tributarios con empresas incluyen ayudas públicas ilegales
La Comisión Europea ha decidido este miércoles ampliar el expediente que abrió en octubre de 2013 contra el régimen del impuesto de sociedades en Gibraltar. Bruselas investigará también a partir de ahora los 165 acuerdos tributarios alcanzados por las autoridades del Peñón con empresas por considerar que podrían incluir ayudas públicas ilegales a sociedades que no generan sus ingresos en Gibraltar.
La extensión de la investigación permite a las partes interesadas presentar sus observaciones y no prejuzga el resultado de las pesquisas, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Si el examen de Bruselas confirma la existencia de subvenciones ilegales, las autoridades del Peñón estarían obligadas a recuperarlas.
El expediente original de Bruselas, abierto a raíz de una denuncia de España, ya detectó que el régimen fiscal de Gibraltar --que data de 2010-- podría conceder ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, que no tienen presencia real en el Peñón.
Ahora, la investigación se extiende también a una nueva práctica introducida por este régimen, las decisiones tributarias anticipativas, que permiten a las empresas obtener por adelantado la confirmación de si determinados ingresos serán gravados en Gibraltar o no.
El Ejecutivo comunitario ha evaluado 165 acuerdos de este tipo concluidos por las autoridades fiscales de Gibraltar con diferentes sociedades en 2011, 2012 y hasta agosto de 2013.
Sobre la base de la información proporcionada por las autoridades de Reino Unido, Bruselas estima que las autoridades fiscales de Gibraltar aprueban estas decisiones tributarias anticipativas "sin evaluar adecuadamente si los ingresos de las empresas son generados o tienen su origen fuera de Gibraltar, en cuyo caso no son imponibles a Gibraltar".
Por este motivo, "la Comisión teme que todas las decisiones anticipativas puedan contener ayudas estatales" y duda de que sean compatibles con las normas de la UE sobre ayudas públicas.