Bruselas abre una investigación por posibles ayudas ilegales de 2.000 millones a la acerera italiana Ilva

La Comisión Europea ha abierto este miércoles una investigación en profundad para determinar si las ayudas concedidas por Italia al fabricante de acero Ilva, que ascienden a 2.000 millones de euros, están en línea con las normas comunitarias de ayudas de Estado.

El Ejecutivo comunitario examinará si este apoyo que facilitó el acceso a financiación para modernizar la planta en Taranto dio una ventaja "injusta" a la compañía que no era accesible para sus competidores. Además, la apertura de la investigación da la oportunidad a terceras partes a presentar comentarios sobre las medidas bajo análisis.

Estas ayudas incluyen garantías de Estado para créditos, una ley que otorgaba una "prioridad absoluta" a los préstamos concedidos a Ilva en caso de quiebra y una ley que daba acceso a la compañía a acceso a fondos incautados mientras había procedimientos abiertos para establecer la propiedad de los mismos, entre otras.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha afirmado que los fabricantes de acero de la UE se enfrentan a la sobrecapacidad global y a "fuertes" importaciones, por lo que las normas comunitarias de ayudas de Estado permiten, por ejemplo, el apoyo a la investigación o la reducción de los costes de energía.

Con respecto al caso del Ilva, la comisaria ha señalado que "la mejor garantía para un futuro sostenible de la producción de acero en la región de Taranto" es la venta de activos a un comprador que "los actualice en línea con los estándares medioambientales y los gestione de una forma productiva".

En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha recordado que Ilva ha fracasado durante muchos años en cumplir con las normas ecológicas lo que ha llevado a provocar problemas de medioambientales y de salud en la región.

Además, Bruselas ha destacado que la planta de Ilva en Taranto es la más grande de la UE y en plena capacidad puede producir tanto como Bulgaria, Grecia, Hungría, Croacia, Eslovenia, Rumanía y Luxemburgo hicieron en 2015. Así, la Comisión asegura que ha recibido "numerosas quejas" por partes interesadas.

RECLAMA A BÉLGICA QUE RECUPERE 211 MILLONES

Por otro lado, la Comisión Europea ha reclamado a las autoridades valonas de Bélgica que recuperen 211 millones de euros por ayudas de Estado ilegales a compañías del sector del acero pertenecientes al grupo Duferco entre 2006 y 2011.

La investigación en profundidad que el Ejecutivo comunitario inició en 2013 ha concluido que ningún inversor privado habría decidido invertir en estas compañías en los mismos términos en los que lo hizo el Foreign Strategic Investments Holding (FSIH), una autoridad pública controlada por el Gobierno de Valonia.

De esta forma, Bruselas ha señalado que esta financiación proporciona una "ventaja selectiva" para los receptores de la que no disfrutan sus competidores y ha asegurado que las ayudas inflaron la facturación de las compañías y retrasaron los "difíciles pero necesarios" ajustes en el sector industrial de la región.

"A pesar de las ayudas ilegales a Duferco,la compañía ha retirado casi todas sus actividades de negocio de Bélgica. Este caso muestra que las ayudas de Estado para mantener a flote artificialmente a los fabricantes de acero que no son viables distorisionan seriamente la competencia y solo retrasan su salida del mercado a costa de los contribuyentes", ha expresado Vestager sobre esta decisión.