Bruselas quiere obligar a plataformas como Netflix a llenar con contenido europeo un 20% de su catálogo

Las reglas actuales ya contemplan la obligación para estas plataformas de contribuir a la difusión de contenidos europeos, pero se cumple de manera muy dispar entre los Estados miembros. En función de las legislaciones nacionales, hay 14 países con cuotas de difusión que oscilan entre el 10 y el 60 % de los catálogos sometidos a la norma.

Bruselas introduce ahora la idea de una cuota mínima del 20 % para todos los 'videoclubes' en la red en la Unión Europea y garantías de que darán una "visibilidad prominente" a tales contenidos, según han explicado fuentes comunitarias.

"El objetivo es proteger la identidad europea", ha justificado el comisario de Economía Digital y Sociedad, Günther Oettinger, para quien la propuesta de Bruselas ofrece una solución "pragmática" y ha asegurado que Netflix ya dedica un 21 % de su espacio a películas europeas, por lo que ha minimizado el impacto de los cambios en las grandes plataformas.

Las nuevas normas mantienen, además, que las empresas de radiodifusión televisiva sigan dedicando al menos la mitad de su tiempo de emisión a obras europeas, y que dediquen un 20 % de su volumen de negocio a invertir en contenidos originales.

Las plataformas digitales, por su parte, tienen un compromiso de inversión en producciones europeas del 1 %, según los datos de Bruselas.

Otra novedad es la mayor flexibilidad que prevén las normas que regulan la emisión de espacios publicitarios, para responder a los nuevos sistemas que permiten a los usuarios evitar los anuncios que emiten los operadores tradicionales.

Así, se mantendrá el límite general del 20 % del tiempo que pueden dedicar las cadenas a la publicidad entre las 07:00 y las 23:00 horas, pero podrán elegir los momentos y tiempos de emisión, en lugar de restringirlo a los doce minutos por hora que establece la normativa actual.

El vicepresidente comunitario responsable de Mercado Único Digital, Andrus Ansip, ha respaldado la nueva propuesta porque, ha dicho, ofrece un marco jurídico "moderno y justo", que no modifica las reglas que "funcionan", como las que afectan a la responsabilidad de los proveedores de servicios en línea.

También servirán para "hacer extensivas determinadas obligaciones a las plataformas digitales" y otros agentes, con el objetivo de mejorar la protección de los usuarios y asegurar condiciones justas.

Para que estas normas sean efectivas, deben ser negociadas aún y obtener el visto bueno tanto del Parlamento Europeo como de los Veintiocho.