Bruselas investiga si la eléctrica portuguesa EDP ha recibido ayudas ilegales en concesiones hidráulicas

La Comisión Europea ha abierto este miércoles una investigación en profundidad para verificar si el precio pagado por el operador energético portugués EDP en 2007 por la prolongación de su derecho a la utilización de recursos hidráulicos públicos para producir electricidad encumbre una ayuda pública ilegal.

Bruselas examinará en particular si la medida ha conferido una ventaja económica indebida a EDP en relación a sus rivales y si ha supuesto un obstáculo a la entrada de otros rivales en el mercado eléctrico portugués.

EDP pagó por la prórroga 759 millones de euros (de los cuales 56 millones corresponden a impuestos). La medida, que nunca se ha notificado a Bruselas, supone mantener 27 centrales eléctricas -es decir, el 27% de la capacidad de producción en Portugal- bajo el control de EDP por un largo periodo, que en algunos casos llega hasta 2052.

"En esta etapa, la Comisión duda de que esta ayuda sea compatible con el mercado interior de la UE. Además, la duración prolongada de la concesión ha podido tener por sí misma un efecto contrario a la competencia al impedir la entrada de rivales interesados en el mercado portugués de electricidad", ha dicho Bruselas en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario ha pedido además informaciones preliminares a otros Estados miembros sobre las reglas que aplican para prolongar las concesiones hidráulicas. Aunque no ha desvelado de qué países se trata, fuentes comunitarias han confirmado a Europa Press que España no está entre ellos.