Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Bruselas recurre la sentencia que avaló las ayudas fiscales de España al sector naval

La Comisión Europea ha recurrido la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) que anuló la decisión del Ejecutivo comunitario de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales ('tax lease') para los inversores en astilleros y que obligaba a España a recuperar estos apoyos.
"La Comisión ha decidido recurrir la sentencia de del Tribunal General que anula la decisión de 2013 que declaraba ilegal el sistema de 'tax lease' bajo las normas de ayudas de Estado", ha afirmado el portavoz del Ejecutivo comunitario encargado de Competencia, Ricardo Cardoso, quien ha añadido que la Comisión defenderá su decisión ante el Tribunal de Justicia.
Bruselas pidió en julio de 2013 a España que recuperara las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales entre 2007 y 2011. Las subvenciones debían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
No obstante, el tribunal estimó el año pasado que la conclusión de la Comisión de que las medidas podían "falsear la competencia" y "afectaban a los intercambios comerciales" entre Estados miembros "no está suficientemente motivada".
En concreto, el TUE considera "errónea" la opinión de que las agrupaciones de interés económico (AIE) que se beneficiaron de una ayuda estatal, "puesto que sólo los inversores se beneficiaron de las ventajas fiscales y económicas derivadas del sistema" de bonificaciones.
"Las ventajas económicas que los socios de las AIE obtuvieron podía obtenerlas en idénticas condiciones cualquier operador sujeto al impuesto en España, sin distinción, a pesar de la existencia de un sistema de autorización", explica la justicia europea.