CC.OO. exige a Coca-Cola que ejecute la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el ERE

"Una vez realizadas estas acciones, CC.OO. estará en disposición de negociar y acordar un plan industrial que asegure el futuro del empleo y de la empresa", ha advertido el sindicato después de conocerse que la compañía y sindicatos aplazaran la negociación del ERE a la espera de la decisión de la Audiencia Nacional, prevista para el 4 de noviembre.

En concreto, los secretarios de Acción sindical de CC.OO., Ramón Górriz, y de Organización y Comunicación, Fernando Lezcano, han remitido una carta a la dirección de la firma, en la que, además de la readmisión de los empleados, reclaman el abono de los salarios que se adeudan.

Asimismo, ambos responsables sindicales han subrayado que en el desarrollo del proceso de negociación, serán "protagonistas" y se deberá contar con la participación del conjunto de las secciones sindicales, además de la representación federal.

Coca-Cola Iberian Partners y los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF han aplazado las negociaciones sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la compañía hasta el 4 de noviembre, a la espera de conocer la resolución que emita la Audiencia Nacional.

En concreto, todas las partes han decidido hacer un parántesis y se han emplazado a seguir negociando, una vez se conozca el fallo judicial, el próximo mes de noviembre sobre la ejecución provisional de la sentencia del ERE de la multinacional de bebidas.

De esta forma, las partes han acordado que seguirán dialogando, pero que es preferible hacerlo después de conocer la decisión de la Audiencia Nacional sobre si se ejecuta o no la sentencia, ya que podría haber un cambio de escenario de cara a las negociaciones futuras.

En los últimos meses, el negociador del embotellador único de Coca-Cola, Manuel Pimentel, ha mantenido diferentes contactos con los representantes de los trabajadores, después de que la Audiencia Nacional declarase nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectó a 1.190 trabajadores y conllevó el cierre de cuatro plantas (Alicante, Palma de Mallorca, Fuenlabrada y Asturias).