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CCOO y UGT piden "celeridad y unidad" para derogar el artículo del Código Penal que prevé cárcel para piquetes

CC.OO. y UGT han vuelto a pedir este jueves a los partidos políticos "celeridad y unidad" para derogar el artículo 315.3 del Código Penal, en el que se prevén penas de cárcel o multas para los piquetes informativos que coaccionen a otras personas para iniciar o continuar una huelga.
El artículo, que existe en el ordenamiento jurídico español desde los años 90, fue reformado en la pasada legislatura por el Gobierno 'popular', que redujo los años de cárcel que se pueden aplicar a estos delitos pero manteniéndolos por encima de las que se piden para quienes impiden o dificultan ejercer la huelga.
Así, desde 2014 quienes "actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga" pueden acabar siendo sentenciados a penas de prisión de entre tres y cuatro años y medio, o a multas de entre doce y 18 meses.
Un castigo, además, superior al previsto para los delitos de coacciones, algo que para el secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, no se puede consentir ya que el derecho a huelga es un derecho "fundamental" que no debe tener "niveles de penalización superiores" a otras situaciones.
CULPA DEL GOBIERNO DE RAJOY
De hecho, el dirigente ugetista recuerda que el artículo 315.3 no se invocaba hasta que el PP llegó al Gobierno en 2011, responsabilizando así a la "política gubernamental" y a las indicaciones que se dan a la Fiscalía de que haya casi 300 sindicalistas encausados apelando a ese precepto.
"Por eso planteamos su derogación", ha insistido, reconociendo la actual "imprevisibilidad" sobre la duración de la legislatura pero instando a los partidos políticos a "hacer todo lo posible" para llevar a buen puerto esta iniciativa con "rapidez", algo posible "si hay voluntad y mayorías" como es el caso, tal y como quedó demostrado la pasada legislatura, cuando muchas propuestas recibieron luz verde en plazos muy cortos.
En este sentido, Monell confía en que existe una mayoría parlamentaria suficientemente amplia a favor de la derogación --además del PSOE, Podemos e IU han presentado iniciativas en el mismo sentido--, ya que este asunto está incluido en el acuerdo de investidura de socialistas con Ciudadanos, por lo que la formación naranja se sumaría al 'sí'.
De este modo, sólo el PP mantendría su postura de "aceptar que hay un problema" y proponer "modificaciones" pero no de revertir el artículo porque "eso cuestionaría su actuación".
CON RETROACTIVIDAD
De la misma opinión es el responsable de política institucional de CC.OO., José Campos, quien exige "celeridad y unidad" a la "inmensa mayoría" de partidos políticos que comparten el objetivo de la derogación de modo que "lo antes posible" lleguen a un acuerdo para llevarla a efecto.
"Es una emergencia", considera el dirigente sindical, que cree que incluso el PP podría ser "más sensible que en otros momentos" a sus peticiones dada la nueva realidad parlamentaria. "Sabemos que los tiempos políticos son difíciles pero pensamos que hoy hay bastante voluntad y mayoría para sacar adelante un tema que es justo", ha reiterado.
Por último, Campos ha subrayado que la intención de los sindicatos es que en el articulado final de la propuesta legislativa se incluya, además de la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, un reconocimiento expreso de su aplicación "con carácter retroactivo", para que quienes ya tienen una causa abierta o han sido multados puedan recuperar su dinero y ver eliminados sus antecedentes penales.
"PRIORIDAD ABSOLUTA" PARA EL PSOE
Finalmente, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Campo, ha explicado que para su formación este tema es una "prioridad absoluta", dado que el artículo 315.3 constituye un "obstáculo" para el ejercicio de un derecho fundamental como el de huelga.
Por eso, confía en que en poco tiempo se pueda llegar a un acuerdo con otras formaciones políticas y que la derogación sea una realidad "muy rápido", incluso antes de que haya un gobierno constituido, aunque ha declinado dar plazos concretos por "prudencia".