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CCOO denuncia la eliminación de 23.000 empleos de la Administración General del Estado

CCOO denuncia que se han eliminado 23.000 empleos de la Administración General del Estado como consecuencia de las políticas de austeridad en los servicios públicos en el documento 'Cartografía de los recortes en la Administración General del Estado. CCOO ante la realidad actual en la AGE, los servicios públicos y el empleo público: derechos de la ciudadanía'.
El documento analiza el "fuerte impacto negativo" que los recortes presupuestarios han tenido sobre la calidad de los servicios a la ciudadanía y sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos de esta Administración, según ha explicado el sindicato en un comunicado.
Además, la organización refleja en el informe la "decidida apuesta del Gobierno" por un nuevo modelo de Administración del Estado, "muy reducido" en el volumen de su personal y "sustentado en el 'hágaselo usted mismo' y las privatizaciones para convertir en negocio los servicios públicos".
El documento ha sido elaborado con datos del Boletín Estadístico del Registro Central de Personal, de las leyes de Presupuestos Generales del Estado y de las resoluciones del Tribunal de Cuentas, entre otros documentos de la propia Administración.
Junto al documento, el sindicato ha presentado el plan de actuaciones que, bajo el lema '¡Tenemos derechos!', reivindica la recuperación de "los derechos robados que aún faltan por restituir", que son el 5% de recorte salarial, el 100% de las retribuciones en situación de incapacidad temporal (IT) y los fondos de acción social, además de mejoras en las condiciones de trabajo, como el derecho a un salario justo, a la carrera profesional o el acceso a la jubilación parcial y la defensa del empleo público.
De acuerdo con CCOO, estas reivindicaciones son comunes para todo el personal de la Administración General del Estado y han de tener cabida en la negociación del IV Convenio Único de la Administración General del Estado y del resto de convenios colectivos de este ámbito, así como en el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público mediante la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.