La CE propone destinar 1,4 millones para recolocar a 680 portugueses despedidos en el sector del calzado

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles destinar 1,4 millones de euros del presupuesto comunitario para contribuir a recolocar a 680 portugueses de los 974 que han sido despedidos de la empresa de calzados Rohde-Sociedad Industrial de Calzado Luso-Alemana debido a la crisis económica. Los Veintisiete y el Parlamento Europeo tiene que dar su visto bueno todavía a la ayuda.

El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Lászlo Andor, ha justificado las ayudas para ayudar a estos trabajadores "en su camino para encontrar nuevos empleos a través de la formación para darles las capacidades necesarias", porque "la industria manufacturera de calzados portuguesa se ha visto afectada por los cambios en los patrones comerciales a nivel mundial, así como por la crisis económica y financiera de los recientes años".

Las ayudas beneficiarán principalmente a trabajadores despedidos de Rohde de los municipios de Santa Maria da Feira y Ovar, ubicados en la región Norte y Centro del país. Se trata de dos regiones portuguesas que tienen niveles de desempleo más elevados que la media del país.

La ayuda comunitaria, que todavía debe ser autorizada por los Veintisiete y la Eurocámara, procederá del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización (EGF por sus siglas en inglés), creado a finales de 2006 para contribuir a ayudar a ciudadanos que han perdido su empleo por la deslocalización de empresas a reincorporarse en el mercado laboral.

Desde su entrada en funcionamiento efectiva, en enero de 2007, el fondo ha destinado 355 millones de euros a recolocar a cerca de 76.000 trabajadores de la UE, incluidos españoles que han perdido su empleo por la crisis en los sectores de la construcción, automóvil, textil, carpintería, cerámica y piedra.

Los Estados miembros puedan solicitar ayuda al fondo en el supuesto en que una empresa despida a más de 1.000 de sus trabajadores. En julio de 2009 entraron en vigor las nuevas normas que lo regulan para facilitar su uso en un contexto de crisis económica como "un instrumento de intervención rápida".