CEOE y Cepyme dicen que la publicación de los mecanismos de financiación territoriales es "fundamental"

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han valorado este jueves la publicación de toda la información sobre los mecanismos de financiación de las administraciones territoriales impulsados por el Gobierno y han señalado que es "una medida fundamental para el seguimiento y control de los fondos, puesto que fomenta la transparencia por parte de la Administración"

De esta forma, las dos organizaciones empresariales consideran necesario "continuar con el esfuerzo para erradicar los efectos tan negativos que produce el retraso en los pagos de las administraciones públicas".

Por ello, han abogado por mantener en funcionamiento el sistema de financiación que provee el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), como mecanismo para solucionar las deudas y los incumplimientos en los plazos de pago, además del resto de medidas que se contemplan en el Plan de erradicación de la morosidad de las administraciones públicas.

En este sentido, ambas organizaciones han recordado que el FLA, como medida de apoyo financiero para las comunidades autónomas, se ha convertido en un "instrumento esencial" dentro de dicho plan.

Asimismo, han asegurado que tanto los mecanismos extraordinarios de financiación para el pago de facturas pendientes a los proveedores como el FLA han reducido las necesidades de financiación de las empresas y les han permitido destinar un mayor volumen de recursos financieros a la mejora de su competitividad.

Así, estiman que fondos puestos a disposición por estos dos mecanismos en 2012 y 2013 ascienden a los 43.457 millones de euros. Concretamente, afirman que el FLA ha tenido un doble efecto beneficioso para las empresas proveedoras de estas administraciones. Por un lado, destacan que ha permitido saldar directamente deudas comerciales por importe de 13.316 millones de euros, que han ido destinados en más de un 70% a deudas pendientes con las Pymes.

Por otro, señalan que ha generado una vía importante de acceso a la financiación de las comunidades autónomas en condiciones preferenciales, lo que ha generado un ahorro por el concepto de pago por intereses y ha permitido igualmente la aplicación de instrumentos de control y corrección del déficit de las administraciones públicas.