CEOE y Cepyme proponen simplificar la AAI para ahorrar a las empresas 383 millones entre 2013 y 2015

Esta propuesta consta en el tercer informe de reducción de cargas administrativas de 2011 elaborado por las organizaciones empresariales junto con la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

En concreto, las organizaciones empresariales proponen un conjunto de soluciones para la AAI, un procedimiento administrativo "complejo" y con competencias compartidas entre los tres niveles de la Administración Pública.

Según las patronales, sus planteamientos, además de contribuir a reducir costes, aceleran los plazos para la puesta en marcha de numerosas instalaciones, mejoran la regulación y simplifican la tramitación del expediente ambiental para las empresas "ante la proliferación de legislaciones autonómicas".

CEOE y Cepyme recomiendan que la legislación estatal de carácter básico sea lo más detallada posible para garantizar la unidad de mercado, dejando a las normativas autonómicas que, "en la debida justificación y proporcionalidad", enriquezcan esa legislación en su ámbito.

Las organizaciones empresariales reclaman también la creación de una base de datos general para todos los ámbitos, recogiendo legislaciones y procedimientos, así como que en el caso de la renovación de una AAI existente, pueda servir una comunicación formal a la autoridad competente, acompañada de una declaración responsable de que no se ha producido ningún cambio sustancial en la instalación.

En España existen alrededor de 6.000 instalaciones que necesitan contar con una AAI como requisito para su puesta en marcha. Obtener una puede costar entre 6.000 y 300.000 euros, con una media estimada de 26.000 euros, según las patronales.

Además, hasta el momento de su obtención, transcurre una media de 20,4 meses, con el correspondiente retraso de planes para construir o ampliar la instalación.

En el texto elaborado por CEOE, Cepyme y la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas se han incluido 183 medidas para simplificar y eliminar cargas administrativas, de las que 61 ya han sido adoptadas en Consejo de Ministros, lo que ha supuesto un ahorro anual de 916 millones de euros.