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La CNMC pide incluir el precio como criterio en la adjudicación de servicios de administración electrónica

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha solicitado al Gobierno que incluya la variable del precio entre los criterios para la contratación centralizada de servicios de desarrollo de administración electrónica, "con una ponderación mayoritaria".
La CNMC ha hecho público su informe sobre los Pliegos de contratación que rigen el acuerdo marco para los servicios de desarrollo de sistemas de administración electrónica, donde efectúa varias recomendaciones para que su diseño se adecúe a la libre competencia, con el fin de que la Administración se beneficie de una prestación más eficiente de estos servicios y se salvaguarde el interés general.
Entre esas recomendaciones, la Comisión aconseja incluir la variable precio entre los criterios de adjudicación, con una ponderación mayoritaria. En su opinión, resulta "difícilmente justificable" que no se haya previsto como criterio de valoración de ofertas el precio, teniendo en cuenta que el acuerdo busca una mayor eficiencia en la gestión de los fondos públicos que ofrece.
En esta línea, también estima conveniente que, dado que existe un listado de proveedores para los servicios de certificación digital supervisados por el Ministerio de Energía, Industria y Turismo, los pliegos eviten señalar a algún operador de certificación concreto, remitiéndose a dicho listado.
Asimismo, la CNMC se muestra partidaria de la utilización de los sistemas dinámicos de contratación como alternativa preferente a los acuerdo macro, por ser una opción "menos restrictiva a la competencia que no produce un cierre efectivo del mercado durante su vigencia, especialmente al tratarse de un sector muy dinámico con altas y bajas continuas de empresas".
También considera necesario determinar con mayor grado de precisión el objeto del contrato y añade que el acuerdo macro tampoco delimita los tipos contractuales para cada clase de servicio ni contempla el fraccionamiento del objeto en lotes de servicios diferenciados, "lo que potencialmente habría facilitado la concurrencia a empresas de menor
tamaño".
REBAJAR REQUISITOS SOLVENCIA ECONÓMICA.
Por otro lado, sugiere rebajar los requisitos de solvencia económica para acceder a la primera fase del acuerdo y recomienda que se requiera el volumen de negocios de forma acumulada, de manera que se permita que un número considerable de operadores sean seleccionados para las futuras licitaciones.
Además, aconseja el replanteamiento de los requisitos de solvencia técnica o profesional, para que se centren en acreditar la capacitación técnica para ejecutar el contrato y no en la capacidad económica, así como garantizar vías alternativas de acreditación de solvencia para las nuevos entrantes en el sector que carezcan de experiencia.
Respecto a los contratos basados en el acuerdo macro, recomienda extender el sistema competitivo de los contratos sujetos a regulación armonizada a todo tipo de contratos, así potenciar el criterio del precio en la adjudicación, más allá del mínimo establecido del 51%.
El Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de noviembre a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda a celebrar un acuerdo marco para la contratación centralizada de servicios de desarrollo de administración electrónica, con el que se ahorrarán 44,5 millones de euros.
En concreto, se trata de la renovación, con determinados ajustes y mejoras, de un acuerdo marco que ya estaba vigente desde julio de 2012 y que, según el Ejecutivo, ha demostrado ser una "buena herramienta" para garantizar la necesaria flexibilidad y agilidad en la contratación de unos servicios, los relacionados con la administración electrónica.
La contratación a través de este acuerdo marco, que tiene una duración de dos años prorrogables por otros dos y un valor estimado que asciende a 368 millones de euros, es obligatoria para la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales.