Castilla y León acuerda con los sindicatos la devolución en dos partes de la paga extra de los funcionarios

El acuerdo se concreta en el abono de estas cuantías en los porcentajes señalados. Además se prevé adelantar a diciembre de 2014 el pago de enero o de una parte proporcional siempre que el déficit, cuyo objetivo es del 1% para este ejercicio, lo permita.

Así, el próximo mes de mayo, los más de 100.000 empleados públicos afectados por la supresión de la extra de Navidad en 2012 recibirán el 45% del importe correspondiente a los 44 días que devengaron antes de la eliminación de la paga, para lo que la Junta desembolsará 23 millones de euros procedentes del margen de ejecución del presupuesto de 2014, mientras que los 27 millones restantes se repartirán en enero de 2015 con cargo al Presupuesto del próximo año.

Tras explicar este acuerdo, la consejera de Hacienda ha mostrado la "satisfacción" del Gobierno regional de haber cerrado finalmente un acuerdo en torno a la paga de estas cuantías, que oscilan entre los 80 y los 600 euros dependiendo del trabajador. Así, la consejera ha defendido que la Junta "ha hecho lo que tenía que hacer" con el abono de la parte devengada de la extra de 2012.

José Mariano Prieto, de CSI-F, ha destacado que este acuerdo servirá como base para que ayuntamientos y diputaciones paguen la parte devengada de la extra. Este sindicato ha subrayado que, en contra del criterio del Gobierno central, tres comunidades (Castilla y León, Extremadura y Canarias), al que hay que sumar el Ayuntamiento de Zaragoza devolverán este concepto de la paga extra.

Por su parte, el responsable de FETE-UGT, Tomás Pérez, ha agradecido a la Junta el "esfuerzo" realizado en este acuerdo y ha destacado sobre todo el "desbloqueo" de determinados asuntos como la convocatoria de empleo público. Esta aseveración ha sido respaldada por Carlos López de CC.OO, quien ha destacado además que se abre ahora un "futuro interesante e importante de negociación.

Y es que Junta y sindicatos han acordado sentar las bases para iniciar la negociación de una nueva oferta pública de empleo donde se abordará la convocatoria correspondiente a ejercicios anteriores tras tres años de parón o abrir oposiciones a determinados sectores posibilitado por el Gobierno como la lucha contra el fraude, la dependencia o incendios.

Del mismo modo, arrancarán las conversaciones en aspectos relacionados con la conciliación familiar y laboral, la carrera laboral, una campaña para poner en valor la función pública y un concurso abierto y permanente para funcionarios.

Esta acuerdo debe ser ratificado por la Mesa de Función Pública, que se celebrará el próximo martes.