CiU pide más seguridad de Renfe y Adif para evitar los robos de cable en las infraestructuras ferroviarias

La iniciativa, que se debatirá en el Pleno de la Cámara Baja y a la que ha tenido acceso Europa Press, lamenta que "ya son demasiadas las veces" que los ciudadanos sufren retrasos en el transporte público por "causas ajenas a la compañía", que no son otras que el robo de cable de cobre en las infraestructuras.

Y es que este tipo de sucesos "no son nuevos", ya que según datos oficiales entre 2010 y 2014 se produjeron 5.628 robos en los que se sustrajeron 1.248 kilómetros de cable sobre una red ferroviaria de 15.000 kilómetros, con un coste de 39,61 millones de euros.

"Una cifra elevadísima que coexiste con unos presupuestos de inversión y de mantenimiento ferroviario cada año menor", critican los nacionalistas catalanes, que señalan a renglón seguido que el problema no es sólo el coste económico sino la "degradación" de instalaciones y trenes y la afección negativa para la calidad del servicio.

IMPACTO PARA LOS VIAJEROS

Así, finalmente son los usuarios los que sufren el mayor impacto de este tipo de sucesos. "No es sólo el agravio hacia los pasajeros por los retrasos, sino que también hay un riesgo para la seguridad del convoy y otros trenes a su paso por esa zona o zonas colindantes", añade CiU.

A juicio de la formación, las actuales medidas de seguridad, preventivas y de reacción se ven "superadas" por el gran número de robos y actuaciones vandálicas que tienen lugar, por lo que es "necesario" planificar nuevos medios que eviten estos robos.

Por eso, piden un refuerzo de las medidas de seguridad preventivas y de reacción dependientes de Renfe y de Adif, y una mejora de la coordinación del personal de las empresas públicas con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las policías autonómicas y locales para disminuir de forma efectiva los robos y los desperfectos en las infraestructuras ferroviarias.

En concreto, la formación que lidera Josep Andoni Duran i Lleida cree que hace falta que todos los cuerpos policiales del país tengan un mismo protocolo de actuación, que se extienda a la seguridad privada si es necesario.