Competencia avisa de la "alarmantemente" reducida participación de empresas en la externalización sanitaria

CNC se ha pronunciado así tras realizar un informe en el que analiza los procesos de licitación para la provisión de la sanidad pública, de acuerdo con los principios de la de la 'Guía sobre Contratación y Competencia', y en el que, además, propone una serie de recomendaciones orientadas a impulsar la efectividad de la competencia en los procesos de contratación en el sector sanitario.

Para su elaboración, la Comisión ha consultado con diversos participantes en el ámbito sanitario, incluyendo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a las consejerías competentes de todas las comunidades. No obstante, ha alertado de que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía "no ha aportado la información requerida, incumpliendo gravemente" su deber de colaboración con las Administraciones públicas.

"La sanidad es un servicio básico en la sociedad que por razón de interés general exige una calidad adecuada en su provisión. Es, también, un servicio público cuya provisión tiene efectos sobre numerosos sectores de la economía y que puede ser fuente de innovación, dinamismo, competitividad y creación de empleo para la economía española", ha señalado la CNC.

Por este motivo, el informe analiza los procesos de externalización de la sanidad pública en España, llevados a cabo hasta la fecha, y estudia si estos procedimientos se han desarrollado convenientemente de acuerdo con los principios básicos de competencia.

Así, señala que un diseño "inadecuado" de los procesos de contratación pública para la provisión de los servicios sanitarios tendría consecuencias "negativas", dado que la "menor tensión competitiva" puede conducir a una calidad "inadecuada" de los servicios recibidos por los usuarios o a "encarecer innecesariamente" el coste de la prestación del servicio para las Administraciones públicas, todo ello, apostilla, con los consiguientes efectos "negativos" sobre el interés general.

POCA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS

Ante esto, la CNC ha insistido en la poca participación de las empresas en estos procesos. Un hecho que lo ha achacado a que los requisitos para participar en las licitaciones pueden ser "desproporcionalmente restrictivos"; los potenciales licitadores pueden percibir un riesgo "excesivo" en los ingresos y gastos futuros asociados en la gestión del centro; o a que puede haber "problemas" de competencia en el mercado.

"En cualquier caso, cuando el número de licitaciones es tan reducido no se pueden aprovechar los potenciales beneficios que se pretenden. En aquellos casos en que se opte por externalizar la gestión de los servicios sanitarios, instamos a todas las Administraciones competentes a extremar el cuidado en el diseño, implantación, adjudicación y seguimiento de estos proceso, así como a tomar en consideración los ejemplos y las recomendaciones efectuadas en este informe", ha apostillado.

En concreto, la CNC recomienda que al diseñar las licitaciones se opte , "siempre que sea posible", por el procedimiento abierto ya que, a su juicio, es el "más favorecedor" de la competencia y evita contratos que no se encuentren justificados por el periodo de amortización de las inversiones. Además, en cuanto al acceso de participantes en las licitaciones, recomienda reforzar la publicidad de las mismas para facilitar el acceso del mayor número posible de potenciales concurrentes.

Respecto a la ponderación de los criterios y el procedimiento de adjudicación de los contratos, aconseja llevar a cabo una ponderación "adecuada" de las variables, evitando dar una "excesiva discrecionalidad" al órgano adjudicador. "En el caso de los servicios sanitarios, el objetivo fundamental es asegurar la calidad en la prestación del servicio al paciente, por lo que hay que conseguir un equilibrio entre la competencia en la variable precio y la calidad del servicio", señala.

Finalmente, la Comisión ha propuesto, en el desarrollo de los contratos, prever en los pliegos los elementos definidores de la calidad de la ejecución del contrato, así como mecanismos "creíbles y robustos" de control y penalización por "falta de cumplimiento" de los mismos. Además, aboga por establecer mecanismos de remuneración y transparencia que incentiven al adjudicatario a prestar servicios de calidad.