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El Congreso exige al Gobierno que revise la Garantía Juvenil y la dote de un plan de "desprecarización"

La Comisión de Empleo del Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa conjunta de PSOE, Podemos y Coalición Canaria (CC) para exigir al Gobierno que revise la Garantía Juvenil en aras a mejorar su funcionamiento, incluyendo un plan de "desprecarización" e incrementando sus recursos.
El texto ha sido promovido inicialmente por los nacionalistas canarios pero finalmente ha sido transaccionado con socialistas y 'podemitas'. Así las cosas, ha cosechado el respaldo también de ERC, Democracia y Libertad (DL) y el PNV, y la abstención de Ciudadanos, mientras que el PP ha votado en contra.
En concreto, la iniciativa aprobada definitivamente y que recoge Europa Press pasa por pedir al Gobierno que revise la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven "reorientando" la Garantía Juvenil. Para ello habrá de convocar a los grupos de seguimiento y evaluación donde están los interlocutores sociales para conocer sus efectos y sus posibles mejoras.
Entre otras, las formaciones políticas ya señalan aspectos como la necesidad de desarrollar campañas de comunicación "más eficaces" para dar a conocer la iniciativa entre la población juvenil, dotarla de mecanismos de control de calidad del empleo y de un plan de desprecarización, y establecer medidas de creación de puestos de trabajo de calidad.
Además, la Cámara Baja cree que es necesario corregir los registros para garantizar que cualquier joven puede acceder de forma ágil y sencilla, e incrementar la dotación presupuestaria de la Garantía.
"QUÉ GUSTAZO APROBAR INICIATIVAS"
La diputada de CC, Ana Oramas, ha advertido de que la escasa implantación de esta medida puede provocar el "absurdo" y la "vergüenza" de que España acabe teniendo que devolver fondos a la UE pese a ser el país con mayor nivel de paro juvenil, por lo que ha exigido una solución "inmediata, sea cual sea el Gobierno".
Y, en concreto, ha pedido que para repartir fondos entre las comunidades autónomas se siga el criterio de nivel de paro, no de población, tal y como hizo el Ejecutivo comunitario; y que se revise el sistema de ficheros porque dejan fuera a muchos jóvenes en riesgo de exclusión.
"¡Qué gustazo que, después de cuatro años, se vuelva a aprobar una iniciativa con consenso y con aportaciones de varias formaciones. No sé cuánto va a durar esta legislatura pero qué gustazo", ha expresado tras pactar la transaccional.
OCULTAR EL PROBLEMA
Por su parte, la socialista Esther Peña ha coincidido en que evaluar la Garantía Juvenil y corregir sus disfuncionalidades es una "labor urgente y necesaria" y ha acusado al Gobierno 'popular' de "preocuparse" únicamente por intentar "ocultar" los "dramáticos" datos de paro juvenil en lugar de resolver el problema.
En la misma línea, la diputada de En Comú Podem Aina Vidal ha señalado que "tras pasar por las manos del PP" una iniciativa positiva como era la Garantía Juvenil se ha convertido en "una nueva herramienta de precarización y en una nueva oportunidad perdida" que "se queda muy lejos de las necesidades del país", aunque ha recordado que los jóvenes ya sufrían precariedad antes de la crisis, sobre todo por las reformas laborales.
"Llevamos desde 2012 hablando de la Garantía Juvenil, se les debería caer la cara de vergüenza porque en un fin de semana fueron capaces de salvar a la banca o cambiar el artículo 135 de la Constitución pero cuatro años después seguimos sin poder aplicar una medida tan necesaria", ha espetado.
PROBLEMAS EN EL DISEÑO
Por su parte, el portavoz de Empleo de ERC, Jordi Salvador, ha afirmado que la Garantía Juvenil y su revisión es "de nuevo un parche" ante una "lacra" como el paro juvenil, que requiere de otras medidas como devolver la edad de jubilación a los 65 años, derogar las reformas laborales o aprobar un plan de empleo juvenil "serio".
Su homólogo en DL, Carles Campuzano, considera "acertado y necesario" revisar la Garantía Juvenil para que no se convierta en una "oportunidad perdida" porque a su juicio es "evidente" que hay un "problema de diseño" en el programa, que achaca "fundamentalmente" al Gobierno central.
Sin embargo, la portavoz adjunta del PP Matilde Asián ha justificado su voto en contra a la iniciativa precisamente en que las competencias de la Administración central en esta medida es únicamente de "coordinación" por lo que "todas las consideraciones de deficiencias del sistema, que pueden ser ciertas, deben ser referidas a la totalidad de agentes implicados", lo que incluye a las comunidades autónomas, encargadas de aplicar la Garantía.
Además, la diputada ha defendido que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven en su conjunto ha beneficiado a más de 432.000 jóvenes en tres años y que 150.000 más tienen un contrato de formación y aprendizaje en el marco de la Formación Profesional Dual. Igualmente, ha recordado que los fondos europeos se pueden usar hasta 2018 por lo que España "aún tiene plazo" para agotarlos.