El Congreso pide al Gobierno un nuevo plan empresarial para frenar el ERE en Tragsa

Durante su intervención en la comisión de la Cámara Baja, la diputada socialista, Esther Peña, ha recordado que la compañía lleva 37 años dando una respuesta "efectiva" en su campo, y ha tildado de "injusta, sinsentido y decisión equivocada" el ERE en la empresa, que "afecta al conjunto del país y a los ciudadanos".

Peña ha subrayado que la situación económica de la compañía ha cambiado tras dos años, por lo que las causas alegadas para el expediente "ya no existen", al haber aumentado la carga de trabajo y contratarse personal eventual.

"Es lamentable lo que se ha hecho a los trabajadores con nocturnidad y alevosía", ha apostillado Peña, quien ha criticado que la decisión sea una "apuesta por la destrucción de empleo estable", al despedir a 555 trabajadores, en su mayoría de entre 48 y 65 años de edad.

De su lado, el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, ha criticado la "dinámica de puertas giratorias, corrupción y enchufismo" que, a su juicio, ha caracterizado a los últimos gobiernos durante los últimos años, como en el caso de Tragsa, con una estructura "totalmente sobredimensionada".

La iniciativa socialista, que ha sido aprobada con el voto favorable de todo los grupos, salvo el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, y tras aceptar dos enmiendas de Podemos, insta al Ejecutivo a "manifestar que la ejecución del procedimiento de despido colectivo en el grupo es profundamente perjudicial" tanto para el empleo como para la capacidad del Estado de ejecutar ciertos compromisos de obras y servicios.

Además, reclaman que se impida la ejecución del ERE del grupo, de propiedad 100% pública, y exigen que la dirección convoque una mesa de diálogo con los representantes de los trabajadores para poder acordar un nuevo plan empresarial en el que se "incremente la capacidad de producción y empleo" de las compañías.

A principios de febrero, la dirección de Tragsa dio por finalizado el ERE, tras reducir el número de trabajadores afectados en un 58%, hasta las 555 personas, el 5% de la plantilla total.

El Tribunal Supremo había autorizado hasta 1.336 despidos al entender que el recorte de personal era ajustado a Derecho dado que concurrían las causas económicas, organizativas y productivas que la Ley establece y que se negoció de buena fe por la empresa.